Volvimos al estilo del “voto restringido” y al estado oligárquico. Con la actual CPE socialista

Por Walter Reynaga Vásquez…//

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UNA LEY ABSURDA Y DISCRIMINATORIA

Antes de la Revolución de 1952, para votar y ser votado se exigía saber leer y escribir. Exigencia que impusieron las élites del país para marginar a gran parte de la población del país, analfabeta. Una manifestación de las estructuras coloniales remanentes de la era bajo dominio español. Condiciones sobre las que se instauró el estado oligárquico bajo apariencias democráticas, marginando los derechos políticos de las mayorías nacionales indígenas y mestizas de Bolivia. Irracionalidad que fue superada por la Revolución de Abril, implantando el Voto Universal (21-07-1952).

Pero hoy en el siglo XXI, en la era socialista y a partir de la nueva Constitución Política del Estado (Plurinacional) del 2009, retornamos al estilo del “voto restringido”. Esto es, a establecer derechos excluyentes, a favor de unos como en contra de otros. Porque no otra cosa se ha determinado “legalmente” a partir del texto constitucional referido:

Artículo 234. (…) Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Qué implica esto. ¿Qué pasa con esta disposición legal? Veamos: a) que los que no hablan más que el español no tienen derecho a ser autoridades de gobierno; y, b) lo mismo que los que hablan no más que un idioma nativo. Cuántos son los que están afectados por estas restricciones. ¿Cuántos ciudadanos bolivianos sólo hablan el español o sólo un idioma nativo?

No existen datos específicos al respecto, salvo apreciaciones derivadas de los datos de los censos (del 2001 y el 2012). En el 2001 se llegó a establecer que “El 33,2% de la población era bilingüe, en contraste del 11,6% de monolingües indígenas y el 49,8% de hispanohablantes monolingües.” Con lo que más del 60% de la población del país estaría marginada del derecho político a ser autoridad electa o designada del estado boliviano. Y esto, por definición constituye un estado oligárquico. Con datos del censo del 2012, tenemos:

Se observa que cuatro de cada 10 personas de 29 años o más hablan quechua, aymara o algún otro idioma oficial. La proporción de jóvenes, adolescentes y niños que hablan otro idioma del país, aparte del castellano, es uno de cada 10. (Sol de Pando).

Datos que dan clara idea de cuántos ciudadanos están marginados de sus derechos políticos, por la exigencia de hablar dos idiomas oficiales para ser autoridad del estado boliviano: más del 60% de los ciudadanos. Una cifra que estaría aumentando, especialmente en el grupo de los que sólo hablan español. Entre estos, los actuales mandatarios socialistas: Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, junto a la gran mayoría de sus ministros…

UN TEXTO CONSTITUCIONAL ENREVESADO, TRIVIAL Y CONTRADICTORIO

Y el problema se hace mayor porque la exigencia del conocimiento de dos idiomas oficiales se contrapone a varios artículos  de la CPE.  Veamos:

Art. 14. (…) II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

Texto constitucional que explícitamente “prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en (…) idioma…Mandato confirmado por el Artículo 26:

Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva…

Así como por el Artículo 144 del mismo instrumento legal.

II. La ciudadanía consiste: 1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y, 2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

Mientras la mañosa Ley de Organizaciones Políticas, en su Artículo 29, recoge la contradicción.

En el Art. 29, paragrafo IV, de la Ley de Organizaciones Políticas establece que: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) registrará a aspirantes, para las elecciones internas de los partidos políticos, estos si cumplen los requisitos establecido en los artículos 234, 236, 239 de la Constitución Política del Estado (CPE). En este entendido, el apartado 234 de la Carta Magna, entre varios de sus puntos, especifica que para acceder a la función pública, los ciudadanos, deben “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”. (Urgente.bo).

De esta manera y sin argumento que valga la legislación impuesta por el poder en manos del régimen socialista encabezado por Evo Morales establece una forma de gobierno de corte oligárquico, marginando los derechos políticos de gran parte de la ciudadanía a ejercer autoridad en el estado boliviano. Atropello en franca contravención a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Lo que configura un episodio más del estilo arbitrario de uso del poder en manos del Movimiento Al Socialismo, sumado al desconocimiento de la voluntad del pueblo expresada en Referendum del 21 de febrero del 2016, por el que Bolivia le negó la posibilidad de la reelección continua a Evo Morales y Álvaro García Linera.

Agréguese la disposición oficial de acreditar el conocimiento de los idiomas mediante un certificado expedido por un organismo del mismo gobierno y tendremos la figura de la impostura completa. Porque así, los oficialistas, empezando por Evo Morales y Álvaro García Linera, obtendrán el dichoso certificado sin hablar ningún idioma indígena. Mientras que se les negará la certificación a los candidatos de la oposición, sea que efectivamente no hablen idioma indígena o que no tengan dominio del mismo. Un cuadro de evidente desigualdad de derechos, entre los que disfrutan del poder y los del llano.

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