¿Tiende naturalmente al delito el poder político? ¿Cuánto podemos esperar del Estado?

Por Walter Reynaga Vásquez//…

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El régimen socialista del siglo XXI con sus hechos estaría convalidando esta apreciación libertaria: “El estado es una organización criminal…”  Veamos:

<<Mientras el dinero que se pagaba como anticipo volvía a los bolsillos de los funcionarios, la obra empezaba con apenas un porcentaje mínimo. Wagner dijo que con “el IVA, que quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se utilizaba para iniciar la obra”. Es decir, por cada 100 pesos más IVA (121 pesos) que se pagaban para que se empleen trabajadores y se compre material, 100 volvían a través de la línea Baratta, De Vido y Kirchner, y solo 21 iban a la obra. Además, quedaba una deuda con la AFIP.

Faltaba un detalle para desmembrar el esquema más corrupto jamás descripto en la Justicia. “¿Para quién era la plata?”, se le preguntó. “El sistema interno de los funcionarios una vez que recaudaban el dinero, tengo la impresión de que era para arriba. Eso era lo que decían Baratta y López. Era plata para arriba”, contestó.>> (La Nación: “El relato más brutal de la historia sobre cómo funciona la corrupción en la Argentina”, 12-08-18).

Los escándalos de corrupción entre los gobiernos de la región suman y siguen sin sosiego poniendo en evidencia la naturaleza perversa del poder político. En países como Bolivia, Argentina, Brasil, México… Haití… la corrupción viene a ser la actividad central de sus autoridades, avaladas por una tradición hecha cultura en el uso del mando por y para provecho de la autoridad. Una tradición cristalizada al presente en cultura, reflejada en frases como:  <<Quien roba al estado no es un ladrón>> (Youri Latortue), “Esta bien pues que roben, es nuestra gente…” –respuesta de un vicepresidente indígena boliviano a la pregunta que pedía su opinión ante hechos de corrupción protagonizados por autoridades populares–.

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La política: ¿un problema fundamental?

Hoy más que nunca antes, los hechos vienen dando evidencia del lastre que significa el estado para las naciones latinoamericanas, en la etapa de auge del “socialismo del siglo XXI”. Cuando a título de defensa de la nación se estatizan los emprendimientos poniéndolos a disposición de las élites en el poder. Las que asumen su control y las administran como algo puesto para dar cumplimiento a sus ambiciones de riqueza y gloria, lo mismo que al Presupuesto General del Estado.

¿Qué posibilidades podemos tener, los pueblos, de contar con un gobierno responsable con los intereses de la nación, cuando lo mejor de las capacidades y voluntad de nuestras autoridades está orientado a la corrupción? Ciertamente, muy poca. Esto es lo que se advierte con brutal evidencia bajo los gobiernos populistas de izquierda como los de Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil o los Kirshner en la Argentina, Chávez-Maduro en Venezuela…

 

Robar no es producir

El lamentable impacto de esta tradicional conducta del poder en la economía se acrecienta en la medida que la economía pasa a ser manejada por el estado y aumenta su injerencia en el mercado. Tal como en Bolivia, donde habitualmente el Presupuesto General del Estado corresponde a más del 80% del Producto Interno Bruto. Lo que implica que la gran mayoría de la riqueza del país pasa por las manos de los políticos y está a merced del su desatada avidez desatada. ¿Podría una economía desarrollarse bajo estas condiciones?

Así es como la política y el gobierno termina siendo una carga insoportable para la población. Porque más allá de la carga impositiva, pesan los costos de la mala administración incidiendo absurdamente en los costos de transacción, cuando no trabando la actividad económica hasta hacerla imposible en muchos casos. La corrupción en el gobierno de países como el nuestro, es sin duda uno de sus problemas fundamentales, cuya superación constituye condición inexcusable para acercarse al centenariamente esperado despegue hacia la superación de la pobreza y el atraso.

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