¿Quién es el dueño real de las empresas del estado? ¿Todos los bolivianos, como dice la ley, o los gobernantes?

Walter Reynaga V…

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Ser dueño de algo supone tener el derecho y el hecho de decidir el destino del objeto de propiedad. En decisiones tomadas por voluntad y según visión propia. Lo que habitualmente se hace para beneficio del propio propietario.

Con este criterio, los verdaderos dueños de las empresas del estado boliviano son los gobernantes, antes que el pueblo, a despecho de la ley y la ideología estatista. Es su voluntad la que cuenta, sus puntos de vista e intereses así como sus opciones de beneficio. Mientras que los del pueblo sólo cuentan como el pretexto que tomar en cuenta o el obstáculo que superar.

Ciertamente de la ley se infiere que los dueños somos todos, porque el estado somos todos. Pero lo que manifiesta la ley y la ideología pierde de vista el hecho, la realidad fáctica. La de que la norma legal en Bolivia tiene sólo poco más que una condición marginal bajo el imperio de una práctica asentada en la tradición de la colonia feudal española, cristalizada en el principio: “La ley se acata, pero no se cumple”. Así como en el hecho de la condición oligárquica del estado boliviano, definida así desde su fundación como heredero de las estructuras de poder de la colonia. Una realidad que no termina de pasar perviviendo por encima de las determinaciones antifeudales y anticoloniales de la Revolución Nacional (1952). Hablamos de la tradición que establece que el cargo de autoridad está puesto para beneficio de la autoridad, para su explotación y consiguiente enriquecimiento y lustre personal. Guión al que suelen atenerse los gobernantes sin diferencias significativas de filiación ideológica ni condición étnica o de clase.

Hablamos de los determinantes estructurales que dan pauta de que las empresas del estado boliviano son de facto propiedad de los gobernantes, más aún, cuando se trata de dictaduras o democracias manipuladas, como la que rige el socialista Evo Morales. De ahí la difundida conducta de los gobernantes y las élites políticas afín a la corrupción y el incremento de este mal social. Más aún, cuando se amplía el sector estatal de la economía. A mayor botín potencial, mayor llamado a la corrupción.

1.

Bajo estas pautas, decir que la privatización de las empresas del estado implica el “desmontaje del aparato productivo” no concuerda con la realidad, No, cuando buena parte de estas empresas sobrevivían a duras penas en situación deficitaria pesando negativamente en la economía del estado. Recuérdese la situación insostenible de la COMIBOL hacia 1985, víctima de la corrupción y la consiguiente mala administración orientadas a enriquecer a sus gerentes, jefes… y las autoridades de gobierno.

<< vii) Desmontaje del aparato productivo: entre 1985 y 2005, de 212 empresas públicas los sucesivos gobiernos neoliberales enajenaron 157 (privatizadas, capitalizadas o cerradas).>> (Carlos Soria galvarro: “Queman conclusiones sobre gestión neoliberal, En el país, al igual que en otras regiones, las privatizaciones provocaron impactos económicos y sociales negativos”, octubre , 2019).

2.

Tanto es manejada, la empresa estatal, así como las reparticiones del gobierno, como cosa privada de la autoridad que el provecho personal que sacan estas se da cuando privatizan como cuando nacionalizan. Escenarios donde por igual prima la lógica de la coima… Lo que explica las decenas de millones de perjuicio para el estado, como indica el informe que cita Carlos Soria Galvarro:

<<viii) Perjuicios e irregularidades por la privatización y cierre de empresas públicas departamentales. Solo de 11 estudios de casos realizados por la CEMIPyC más otros en los que se halló documentación, los perjuicios suman casi $us 28 millones, que resultan de la diferencia entre el precio referencial y el precio de venta, más los gastos de consultoría y otros del proceso mismo (al valor actual, esos 28 millones corresponderían a más de $us 60 millones).

ix) Perjuicios e irregularidades por la capitalización y privatización de empresas estatales estratégicas (ENDE, Entel, ENFE, LAB, YPFB, Comibol, EMV, el plato fuerte del proceso de enajenación). Las cinco primeras capitalizadas y las dos últimas privatizadas. En conjunto, significó el mayor atentado al aparato estatal productivo y de servicios, y tuvo un altísimo costo para el país. El perjuicio calculado está en torno a los $us 10.000 millones (equivalentes a más de $us 21.000 millones actuales). >> (Idem).

3.

Si los dueños reales de las empresas del estado son los gobernantes, la única soberanía que cuenta es la de la autoridad del caso, en un escenario donde el pueblo, el país, como soberano no cuenta. Y no como quiere mostrar Soria Galvarro saliendo en defensa de la estatización de las empresas, identificándolas con los intereses populares:

<< xiv) Pérdida de la soberanía y la conciencia nacional. El neoliberalismo fue un reparto del patrimonio público entre grupos locales y extranjeros, y la degradación del Estado a la condición de mendigo.>> (Idem).

4.

Carlos Soria Galvarro pierde de vista el fracaso sin excepción de la economía en manos del estado, en todo el mundo, como aquí también, en Bolivia. Defender la estatización de la economía, la empresa estatal a estas alturas de la historia constituye una postura reaccionaria y retrógrada, que incuba la degradación de la economía del país arrastrando a la pobreza a los sectores populares. Y para peor, implica la defensa de los privilegios de las minorías elitarias que han hecho oficio y negocio del uso del poder político.

Triste el rol de la ideología marxista, que de revolucionaria en el discurso pasa a ser reaccionaria en la práctica, coludida con los remanentes de la colonia feudal española.

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