Los intereses privados pesan más que los del estado: Bolivia, ¿víctima de una estafa planificada y ejecutada con alevosía, ventaja y sobre seguro?

 

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Hablamos del caso QUIVORAX y los otros beneficiarios de los 42,6 millones de dólares que el Estado Boliviano tuvo que pagar.

Los ideólogos del colectivismo deberían abrir ya los ojos y dejar de vivir de espaldas a la realidad. Tomar conciencia de que los intereses individuales gravitan más y terminan imponiéndose a los del estado, y con gobiernos de derecha como de izquierda…

Comprensiblemente, porque a diferencia de los estados, los individuos tienen naturalmente su propio y fiel comando. En cambio el estado sólo puede ver, pensar, evaluar, decidir y ejecutar sus decisiones por medio de individuos y grupos particulares: los gobernantes. Los que desde esa situación pueden imponer sus afanes personales y hacerlos pasar por cosas e intereses del colectivo, ya que no existe factor alguno que los obligue a mantener fidelidad con los intereses del estado.

Es esta condición fundamental la que explica la prosperidad de la corrupción en el gobierno y la administración pública. Tal como se puede advertir a simple vista en el caso de los regímenes de afán socialista a despecho de su discurso y valores ideológicos pregonados de servicio a la colectividad. El hecho es que la corrupción crece y se perfecciona en la medida en que la economía está en manos del Estado, aprovechando el escenario típico de lo colectivo: “Propiedad de todos, propiedad de nadie; responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie” Y, en la medida de la magnificencia del posible botín. Así es cómo se ha dado lugar a la instalación de verdaderas maquinarias de corrupción y saqueo de las arcas públicas, así como de extorsión a la ciudadanía, pasando por encima de la ley y de todo criterio de moral y ética.

Hablamos de gobiernos que en tal afán se empeñan en acumular poder y anular toda oposición y disidencia, generándose un clima ideal para manejar las cosas del estado sin control alguno ni aflicción por rendir cuentas, a nadie. Lo que explica su deseo de eternizarse en el poder. Así es como de hecho de hacen dueños del estado y del país asumidos como su patrimonio familiar. El “socialismo del siglo XXI” ha devenido en la práctica en todo un sistema de saqueo. Extremos de los que ha dado abundante evidencia en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brasil,  Bolivia… Con Cuba en el papel de potencia de comando, beneficiaria de la expoliación de los demás países bajo su dominio, como es evidente con Venezuela.

El caso  QUIVORAX parece llevar estos afanes saqueadores a niveles extraordinarios, más allá de las habituales formas de la corrupción: coimas, “diezmos”, “quinciños”, mordidas, “cáidas”… que las autoridades suelen obtener a la hora de firmar contratos a nombre del Estado, ya se que se trate de obras, compras, ventas, nacionalizaciones o privatizaciones.

El caso que involucra a la empresa chileno boliviana parece responder a un temerario desborde de angurria en las autoridades de turno. Eso es lo que se advierte hasta donde se ve, que no es mucho porque las cosas del Estado se manejan como asunto secreto y privado reservado para los capos del partido en el poder. Aquí se habría desatado la trama de una colusión de  intereses de empresarios inescrupulosos y ávidas autoridades de gobierno, y a iniciativa de estos últimos según se entiende de los hechos sucedidos. Un negocio criminal pensado, planificado y ejecutado con alevosía, ventaja y sobre seguro contra el indefenso pueblo boliviano.

 

Cómo sacar 42,6 millones de una pequeña inversión de 800 mil dólares 

Una desproporción que no tiene explicación técnica, legal ni política:

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<<Esa “inflación” de sus demandas no tenía lógica económica ni legal alguna. El analista económico Gonzalo Chávez hizo notar que los 42,6 millones de dólares que finalmente se embolsilló la empresa no surgen de ningún análisis lógico. ¿Se utilizó el valor en libros? ¿Se utilizaron intereses y un cálculo de lucro cesante más costos de los abogados? ¿Se utilizó el valor de mercado de la empresa en la actualidad, los activos invertidos y, en ese caso, un análisis de cómo estaría la empresa hoy? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta, dice Chávez.>> (Página Siete:”Los cinco puntos débiles de la defensa boliviana”, 2018).

 

¿Amistad de contrapartes? O socios en acción

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Queda en la retina de los bolivianos la fotografía en la que los representantes del Estado y la empresa sellan el acuerdo de pago de los 42,6 millones de dólares. Se diría que rostros plenos de conformidad y complacencia por un buen negocio culminado, sonrisas y miradas embelesadas de admiración mutua. Autoridades que parecen flotar de dicha y contento.

<<Otro de los eventos  importantes de este proceso es el hecho de que los abogados de la parte boliviana hayan terminado generando una relación sospechosamente amistosa con los del equipo chileno, incluido Andrés Jana, nada menos que uno de los asesores de Chile en el proceso que lleva adelante nuestro país ante La Haya. Esa relación amistosa fue revelada en un intercambio de emails entre los abogados. Los de Chile, por ejemplo, se referían a Arce Zaconeta informalmente como “Héctor” e incluso pidieron hablar por teléfono con él.>> (Idem)

 

La agilidad, premura y eficiencia propias de los casos de interés de las autoridades

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<<Así, el 5 de junio pasado se presentaron los desistimientos, el 6 se dio la absolución por parte de la justicia y el 7 se firmó el acuerdo de pago de los 42,6 millones.

Todo se hizo a la mayor velocidad, sin cumplir con los procedimientos legales adecuados y todo con tal de cumplir con las exigencias chilenas. Si hubiera sido Bolivia la que iba a recibir el dinero, se hubiera entendido la celeridad de las acciones, pero es incomprensible en el caso contrario. Este hecho, además, demuestra la dependencia que tiene la justicia respecto a las autoridades.>> (Idem)

<<Un falsificador que recibe 20 millones de dólares

Tal vez ni en sus mejores sueños los socios del conglomerado NMM-Quiborax imaginaron que, tras invertir 400.000 dólares y defraudar al Estado, obtendrían, 14 años después de los sucesos, la friolera de 42,6 millones de dólares. De ese total, 20 millones son para Moscoso, que admitió haber falsificado los documentos.>> (Idem).

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