En debate: ¿Empresa estatal o empresa privada? ¿Mercado o planificación gubernamental?

Está reconocido que las mayores dificultades de la economía como ciencia está en sus estructuras conceptuales, en la teoría económica, antes que en la percepción, obtención de datos e indicadores de la realidad económica. Y esto es lo que se advierte de la conferencia del economista Gonzalo Chávez: “Análisis de las empresas estatales existen tres perspectivas” (Sept. 2018).

 

  1. La institucionalidad fundamental de la economía moderna.

El especialista que comentamos, hace bien en poner de relieve el papel de la institucionalidad en el desempeño de la economía. Pero, pierde de vista que la institucionalidad fundamental de la economía moderna radica en: 1) la condición privada o pública de la empresa, y, 2) el mercado o el estado planificador como métodos estratégicos de organización de la actividad económica. Esto que en lenguaje de Marx va como “relaciones sociales de producción” definiendo la condición estructural de la sociedad, el “modo de producción”. Sin embargo, es cierto que la institucionalidad no se agota en estos aspectos, porque también cuentan los reglamentos que impone el gobierno sobre las condiciones de trabajo de las empresas sean estas privadas o públicas y el funcionamiento del mercado. Así como el marco cultural concreto de un país…

¿Por qué estas facetas de la economía son determinantes? Porque en estas distintas condiciones estructurales, el principio de responsabilidad por el resultado de la acción humana adquiere distintas condiciones y posibilidades. Una es la responsabilidad de quien ha de sufrir los efectos buenos o malos de sus actos, y otra la de quien está libre de los efectos positivos o negativos de los mismos, o simplemente puede eludirlos cuando no le convienen. Esto marca una diferencia substancial entre empresa privada y empresa pública. Porque es en esta última que corre eso de: “Propiedad de todos propiedad de nadie, responsabilidad de todos responsabilidad de nadie”. Mientras otra cosa sucede en la empresa privada, donde la propiedad está definida personalmente lo mismo que la responsabilidad. Así, tenemos que en las sociedades anónimas los socios minoritarios (aún siendo muchos) pueden confiar la dirección de la empresa a un puñado de socios mayoritarios, porque serán estos los que más ganen si la gestión de la empresa es exitosa, y serán los que más pierdan si es deficiente. Lo que pone bases de racionalidad a la participación de los socios y la empresa.  Lo que da cuenta de la difusión y persistencia de esta forma empresarial y su peso en la economía. Las otras formas de la sociedad privada son similares en cuanto a estas formas de organización, cuentan los capitales, no los individuos.

Distinta es la situación, por ejemplo, de la empresa cooperativa, donde la participación accionaria es igualitaria (un voto un socio). De donde deriva la posibilidad de que quien ejerce función directiva aproveche malamente de sus potestades para adueñarse de dineros a costa de la cooperativa, y en una cantidad mayor que lo que conseguiría como dividendo de la administración exitosa de la empresa. Lo que explica lo frecuente de la corrupción en este tipo de empresas. De este modo resulta que en la cooperativa los intereses del socio en función directiva no están ligados necesariamente a los intereses de la cooperativa, tal como en la empresa privada. Pues el socio dirigente puede sacar provecho incluso mal administrando la sociedad, y en mucha mayor medida que manejándola bien. Lo que explica la frustración de este tipo de empresa en todo el mundo (salvo excepción) a diferencia de la sociedad privada.

Y, esto que vale para las cooperativas vale también para la empresa pública. Donde poco cuenta el principio: “A cada cual según su aporte”, los gerentes son simples funcionarios y el dueño de la empresa, el pueblo, está inhabilitado para velar por su propiedad e intereses pudiendo ser fácilmente embaucado por los gobernantes y sus gerentes.

En suma, mientras la empresa privada hace coincidir los intereses individuales y los colectivos,  la empresa estatal y la cooperativa dan lugar a la contraposición de estos intereses. Esto define y diferencia su grado de racionalidad y utilidad para la colectividad.

  1. La institucionalidad heredada de la colonia feudal española

Sin embargo, no queremos desmerecer la institucionalidad adicional de la que habla Gonzalo Chávez. Y en este sentido, para el caso boliviano cuenta de modo relevante la institucionalidad heredada de la época colonial, por la que se ve y usa el poder político como algo puesto para  beneficio de la autoridad antes que de servicio a la colectividad nacional. Práctica que en tiempos de la colonia se daba al lado de la ley –aunque no siempre, como indica el criterio institucionalizado desde entonces: “La ley se acata pero no se cumple”–. Y, que hoy se cumple contra la ley por vía de corrupción en las esferas del gobierno, la administración pública y la empresa pública.

Institucionalidad esta, espuria, que impacta sobre la empresa estatizada como en la privada, aunque de distinto modo. Encontrando en la empresa pública un amplio y propicio escenario de práctica corrupta, por la situación difuminada del principio de responsabilidad, y la intervención de mecanismos de protección e impunidad, tal como un sistema judicial sometido al poder ejecutivo. Condición en la que se destaca el actual régimen socialista de Evo Morales. De este modo resulta que la corrupción prospera junto a la empresa pública y esta se difunde por su utilidad para los beneficiarios del sistema de corrupción. Así, a despecho de sus proclamas  revolucionarias, socialismo y marxismo terminan siendo funcionales a la herencia colonial de saqueo, sosteniendo su persistencia por encima del paso de los tiempos.

Son estos dos aspectos los que definen la institucionalidad determinante en la que transcurre la actividad económica del país, lo que explica su escasa racionalidad y su estado de cuasi estancamiento comparado con el vertiginoso desarrollo de los países capitalistas.

  1. ¿Economía de mercado y empresa pública?

Gonzalo Chávez, cree posible separar el mercado de la propiedad privada hacia un mercado conformado por empresas públicas… Lo que nos recuerda el esfuerzo de Oskar Lange por fundamentar teóricamente el “socialismo de mercado”, así como el socialismo yugoeslavo dirigido por el Mariscal Tito y por ahí también el “socialismo con características chinas”.

¿Pero, es posible separar mercado y empresa privada? Mejor aún, ¿puede haber un mercado sin empresa privada? No falta gente que así lo cree, de los que Ludwig von Mises decía:

<< Lo que estos neosocialistas  sugieren  es  realmente  paradójico. Por  un  lado, desean suprimir la propiedad privada de los medios de producción, anular el mercado y acabar con los precios y con la libre  competencia;  pero  al  mismo tiempo quisieran organizar la utopía socialista de tal suerte que la gente actuase como si existieran estas instituciones. Pretenden que los hombres jueguen al mercado como los niños juegan a guerras, a trenes o a colegios. No advierten las diferencias que existen entre los juegos infantiles y la realidad que pretenden imitar”>>

Hablamos de una creencia que no toma en cuenta que el precio –el valor objetivo generado por el mercado en la confluencia de demanda y oferta, ambas en ambiente de competencia–,  no sería tal si los agentes económicos no fueran dueños de las mercancías (incluido el dinero) que ofertan y demandan.

De la propiedad privada (que ontológicamente involucra la cosa en la persona) se deriva el que el agente económico se oriente a conseguir los mejores términos de compraventa según sus intereses. Afán y orientación que manifiestan su realidad como agente de la economía y, en parte, la realidad económica de la colectividad. Lo que no se podría lograr de concurrir al intercambio como mero funcionario, sin derecho propietario sobre las mercancías que administra. En cuyo caso, siendo la mercancía involucrada cosa ajena, los intereses económicos del agente pueden bien discurrir por otros cauces que los de lograr los mejores términos de intercambio. Cosa que ocurre frecuentemente, cuando los gobernantes compran, vende o contratan a nombre de los intereses del estado, o nuestros gerentes a nombre de la empresa pública boliviana.

Por lo dicho, no es pues posible un mercado integrado sólo por empresas públicas. Esto no quita que la empresa pública pueda concurrir al mercado, conformado por los agentes particulares. Aunque con serio riesgo de distorsionarlo perjudicando el sistema económico. Lo que explica que los gobernantes comunistas de la China persistan y continúen el proceso de privatización de sus empresas públicas a pesar de su mentada ideología colectivista:

<<Dentro de sus reformas para liberalizar el mercado, el autoritario régimen de Pekín tiene previsto privatizar parte de sus numerosas empresas estatales. Desde la época de Mao, en China funciona una enrevesada constelación de compañías públicas que emplean a millones de personas y se llevan una gigantesca tajada de la economía.>> (ABC: ”China privatizará empresas estatales sin perder el control de sectores estratégicos”, 2015)

 

  1. ¿Están contrapuestos la rentabilidad económica y la rentabilidad social.

Que la rentabilidad pueda no ser importante para una empresa pública, porque al margen de esta podría estar generando beneficios para la sociedad. Es una apreciación que se funda en una inapropiada percepción de la realidad: la que separa la rentabilidad de una empresa de su posibilidad de dar beneficio a la colectividad. En la economía de mercado, la rentabilidad de una empresa, su capacidad para generar ganancia para sus dueños, tiene por condición dar beneficio a la colectividad, precisamente eso que llaman “rentabilidad social”. Porque en un mercado donde prima la competencia, que una mercancía se venda implica que efectivamente va a cubrir un requerimiento de la colectividad, y a precio apropiado.

El intentar determinar el cuanto de la rentabilidad social al margen del mercado implica poner nuestra fe en la sabiduría y buena voluntad de quién hace la apreciación. Implica confiarse a la discreción y visión interesada de quien hace la evaluación. Y si estas son autoridades de gobierno, implica sesgos ideológicos, imposición de motivos políticos… Así, tenemos que para el  gobierno actual, la rentabilidad negativa de la Empresa Minera Huanuni (en manos del COMIBOL) puede parecer muy justificable por la “rentabilidad social” implicada en dar empleo a gente que de otro modo estaría desempleada. Sólo el mercado permite apreciar el nivel de rentabilidad social de una empresa, al proveer indicadores objetivos de su efectiva rentabilidad económica. Criterio que también están aplicando los líderes de la China:

<<Pekín encara desde hace años reformar sus grupos estatales, que están gestionados por el gobierno y dominan sectores enteros de la economía nacional, desde la energía hasta el acero, pasando por la aeronáutica.

Pero las autoridades se enfrentan a la feroz resistencia de estas empresas. Éstas forman parte de los mayores empleadores del país y constituyen poderosos feudos para sus directivos, preocupados por preservar sus intereses personales.

[…]

Los gigantes estatales constituyen desde hace tiempo un freno a la actividad económica. Muchos están fuertemente endeudados y se doblegan bajo las capacidades excedentarias. El gobierno reconoce la necesidad de reestructurarlas, pero teme los despidos masivos y la inestabilidad social.>> (Eldeber: “China reforma el estatuto de sus empresas estatales“, 2017).

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