En América Latina, la corrupción sigue a dos factores: oportunidades para sacarle provecho, y una cultura tradicional de uso fraudulento del poder

Mayores oportunidades, en la medida en que el estado se hace cargo de la economía. Tal como ocurre con el socialismo que estatiza la economía y alienta grandes presupuestos fiscales para intervenir en la vida social. Oportunidades que son aprovechadas desechando leyes y principios de moral por quienes están en el poder bajo el influjo de la costumbre asentada en la cultura política dominante.

Condiciones heredadas de los tiempos de la colonia feudal española. Las mismas que se han potenciado, con la ideología y práctica socialista al ser incrementadas las oportunidades y la cuantía del posible botín de la corrupción, con más empresas estatales y mayores presupuestos fiscales. Involucrando cada vez a más gente de los sectores populares e indígenas en la medida en que el sistema político los va incluyendo como sus actores. Cosa que en Bolivia viene ocurriendo en las últimas tres décadas con la Ley de Participación Popular, la descentralización administrativa y las reformas educativas. Cambios estructurales populistas impuestos por el gobierno (“neoliberal”) del MNR de Sánchez de Losada, y luego cultivados y ampliados por el régimen socialista de Evo Morales (2006…).

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Corrupción, ¿en la empresa privada o en el gobierno? ¿En el capitalismo o en el socialismo?

El escenario propicio para los dos factores señalados de la corrupción, antes que la empresa privada y el mercado, es el del gobierno y la administración pública. El ámbito de la propiedad pública donde, a diferencia de la empresa privada y el mercado, pesa esto de: “Propiedad de todos propiedad de nadie, responsabilidad de todos responsabilidad de nadie”.

En el Programa Diálogo en Panamericana último (21-04-18) los representantes del MAS se atuvieron a la estrategia de mostrar que el problema de la corrupción es universal, que afecta a países ricos como a pobres, a socialistas como a capitalistas, a regímenes dictatorial como a los democráticos, a la empresa privada como a la pública… Y por poco llegan a decir que todos somos corruptos. Así fue que se esforzaron por pintar el escenario ideal para disimular y restarle importancia a la propia corrupción, la que viene carcomiendo el régimen. Un horizonte de penumbra donde todos los gatos son pardos.

Pasaron por alto que los países socialistas tuvieron y tienen en la corrupción un mal tan difundido y gravitante que ha sido capaz de hundir sus sistemas económicos hasta matarlos. A diferencia de los países capitalistas y la empresa privada donde la corrupción no ha logrado anular la racionalidad económica. De este modo, mientras las economías capitalistas persisten y se desarrollan, el socialismo se hunde en crisis terminal y desaparece en medio de sus propias contradicciones e irracionalidad.

 

El “Compromiso de Lima” y la lucha contra la corrupción

Los países reunidos en la reciente VIII Cumbre de las Américas, conscientes de la gravedad de la corrupción desatada en la región, afectando no sólo la política y el gobierno sino también la economía, asumen el cultivo de la democracia como la estrategia de lucha contra el mal. El “Compromiso de Lima” da cuenta de este método, que los gobiernos socialistas avocados a instalar dictaduras o ya instalados en condición dictatorial, como en Cuba o Venezuela, no podrán ver sino con recelo.

De este documento rescatamos, junto con Orlando Freire Santana, los siguientes puntos:

<<El punto no.1 insiste en “fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio”. El discurso oficialista considera que son las “prácticas económicas neoliberales” las causantes de la corrupción en buena parte de los países del continente. Es decir, un enfoque diametralmente opuesto al de la mayoría de los presentes en Lima. Tampoco podemos obviar que Cuba carece de las referidas instituciones democráticas.

El punto no.2 aboga por “fortalecer la autonomía e independencia judicial para promover el respeto al Estado de Derecho”.  Bien sabido es que en Cuba el poder judicial no es independiente. Porque la mayoría de los jueces portan en sus bolsillos un carnet del Partido Comunista —el único permitido—, y antes de actuar con imparcialidad prefieren someterse a la disciplina de esa organización política.

El punto no.3 se refiere “a la promoción de una iniciativa hemisférica con vistas a la educación cívica de nuestras sociedades”. Lo contrario es lo que ha sucedido en Cuba, donde una educación basada en valores emergentes, como ser revolucionario —o sea simpatizar con el castrismo—, ha llevado a un segundo plano la vigencia de valores cívicos,  como la honradez, la decencia y otros,

El punto no.13 solicita “fortalecer los sistemas o las medidas nacionales anticorrupción,  como por ejemplo la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión gubernamental”.  Y debe quedar claro que en la isla no existe mecanismo alguno que le permita a la sociedad civil (ni a la verdadera, ni a la domesticada por el gobierno) controlar la gestión gubernamental. Esfera en la que, por cierto, ocurren los mayores actos de corrupción en el país.

El punto no.23 clama por “proteger el trabajo de los periodistas o personas que investigan casos de corrupción, que incluya la libertad de expresión”.  Una intención que, evidentemente, choca con la realidad cubana, donde solo trascienden los trabajos periodísticos que favorecen el punto de vista de las autoridades.  Ningún periodista independiente será protegido, tanto si se dedica a denunciar actos de corrupción, como a tratar cualquier otro tema.

Por último, el punto no.33 pide “implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción”.  Es difícil que un aparato gubernamental tan omnímodo e ineficiente como el castrista pueda desembarazarse de la burocracia y el atolladero en las tramitaciones.>> (Orlando Freire Santana: “¿Podrá cumplir Cuba con el compromiso de Lima?”, Cubanet, 21-04-18).

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Puntos comprometidos para ser puestos en práctica por los gobiernos, de los que ponemos de relieve al punto 13: “fortalecer los sistemas o las medidas nacionales anticorrupción,  como por ejemplo la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la gestión gubernamental”.

Un aspecto central de la necesaria estrategia anticorrupción que en el Programa Social Libertario tiene lugar relevante, con propuestas pragmáticas y factibles que atacan lo substancial del problema de la corrupción. Que no es otro que la distribución del poder a favor de las élites en el poder en desmedro del pueblo, al punto de poder hacer las élites lo que les viene en gana con los recursos públicos y la voluntad popular.

Nos referimos a la AUDITORÍA EXTERNA que proponemos sea habitualmente aplicada a todas las empresas del estado así como a los ministerios y otras grandes reparticiones del gobierno central y autónomo. El sistema de CONTROL SOCIAL DIRECTO, por medio del cual el simple ciudadano tendrá potestad para revisar los archivos documentales de la administración pública sobre asuntos concretos. Y, el SISTEMA DE VERACIDAD PÚBLICA, por el que las autoridades principales del país deberán anualmente someterse al detector de mentiras (el “polígrafo” u otro recurso más actual) en evento abierto al público y la prensa respondiendo preguntas referidas a su gestión y responsabilidades.