El Programa Social Libertario

EL PROGRAMA SOCIAL LIBERTARIO

(Resumen: REYNAGA, Walter: El Programa Social Libertario, 2014, pp. 222)

 

Riqueza y desarrollo no son cosa de “naciones elegidas”,

sino, cualidad natural de la especie humana que todo

pueblo puede alcanzar si bien se organiza.

 

Por Walter Reynaga Vásquez

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El Programa Social Libertario (PSL) le propone a Bolivia una nueva organización del estado y la economía. Un sistema social superior, capaz de promover la libertad, el desarrollo económico y la democracia. Capaz de poner a Bolivia en el nivel del desarrollo alcanzado por la humanidad en este siglo XXI. Un lugar donde los bolivianos podamos trabajar y labrar una vida digna para nuestras familias, tal como en cualquier país desarrollado. El PSL plantea respuestas concretas y factibles a los problemas fundamentales del país[1].

 

 

NACIONALICEMOS EL ESTADO. POR UNA DEMOCRACIA SUPERIOR

Si algo no debe ni puede ser privado, es el estado.

 Pero en Bolivia el Estado se maneja como si fuera el negocio privado de los gobernantes de turno, sean de derecha, izquierda o lo que fuera. Se ha hecho costumbre entender el cargo público como algo puesto para que la autoridad se enriquezca con el dinero del pueblo. Llegar a ser capo del gobierno es sinónimo de una gran ocasión para labrar fortuna. De ahí que la corrupción se multiplique en todas las esferas y niveles de la administración pública como en las empresas del Estado y sus organizaciones autónomas, con grave daño a la economía y la moral de la sociedad. Dicen que en Bolivia “Nadie que llega al poder sale pobre”.

Ante este grave problema es que el PSL propone rescatar el Estado para el país, dándole al pueblo control real sobre el gobierno y la administración pública, frenando así la corrupción, la manipulación habitual de la voluntad soberana del pueblo y el riesgo de que potencias imperiales y la delincuencia organizada tomen el poder. ¿Cómo?

 

Auditoría a las empresas del estado

Establecer por ley que todas y cada una de las empresas del estado, así como sus ministerios, gobernaciones, alcaldías, universidades… sean periódicamente objeto de auditoría independiente. Encargados a firmas especializadas mediante licitación pública internacional –descartamos la Contraloría por su posición de juez y parte–. Auditorías cuyos informes sean publicados in extenso paso a paso para el libre conocimiento del país. De este modo, los dueños del Estado Boliviano, que somos todos los ciudadanos, sabremos qué hacen los gobernantes con el patrimonio del Estado cuyo manejo les hemos encargado.

La auditoría independiente es un recurso vital para la administración y prosperidad de las grandes empresas transnacionales, que manejan mucho más dinero que todo el Estado Boliviano y tienen sus operaciones como sus socios repartidos por todo el mundo.

Y el pueblo, como único dueño de Bolivia, tiene derecho a saber qué hacen los gobernantes con su dinero, como estos tienen la obligación de darle cuenta de sus actos. No basta con los “informes públicos” hechos ante asambleas y la televisión, donde las autoridades en un par de horas cuentan historias de sus “logros”, sin que nadie tenga oportunidad de evaluar la veracidad de sus relatos. Eso no sirve, el país necesita saber qué realmente se ha logrado, cuánto se ha desperdiciado y cuánto se ha ido a la corrupción.

 

Control Social Directo (CSD)

Un sistema planteado ante el fracaso de la lucha contra la corrupción encargada a representantes (ministerios anticorrupción, “control social”, concejos municipales, parlamento, “junta escolar”…), porque con frecuencia los encargados de combatir la corrupción termina de socios y beneficiarios de la misma. Es ante lo inútil de la acción mediante representantes, que se impone la acción directa.

El CSD, plantea que cualquier ciudadano tenga la potestad de controlar y revisar documentación sobre cualquier asunto del que sospeche corrupción. Que pueda hacerlo por voluntad propia cuando así lo decida, personalmente o mediante representante por poder notarial, abarcando de principio todas las reparticiones públicas del gobierno central, descentralizado y autónomo –las excepciones (por repartición o asunto) tendrían que ser aprobadas por dos tercios del parlamento–. Una potestad que estará sujeta a reglamento operativo velando por su buen cumplimiento bajo responsabilidades.

De las posibilidades. Hoy, el control social resulta ser un buen negocio para los encargados, los que suelen traducir sus potestades en beneficio personal chantajeando a las autoridades sorprendidas en corrupción. Cosa que sucedería también con el CSD. Pero esta vez con un riesgo definitivo, que no siendo pocos los que busquen provechar la ocasión (al ser el ejercicio del CSD libre y voluntario), los dineros destinados a pagar las coimas para tapar el delito no lleguen a alcanzar para tantos controladores, llevando a la autoridad a una situación insostenible. Y a la corrupción a ser un negocio poco rentable y peligroso.

 

Sistema Nacional de Veracidad Pública (SNVP).

El país ha llegado ya a advertir que la mentira es un recurso metódico y estratégico de la política y el gobierno de Bolivia. Pero, a qué razón, ¿por qué habría de mentir un gobernante? Cuestión ante la que la respuesta obvia dice: porque no puede dar a conocer sus verdaderas acciones e intenciones, porque tiene que cubrir afanes inconfesables.

Si esto sucede en la práctica, la razón dice que el gobierno del estado no puede ser asunto de reserva o secreto por su misma naturaleza de cosa pública, salvo asunto de excepción.

Es ante este problema que el PSL plantea la creación del SNVP. Por el que las principales autoridades del gobierno central y autónomo habrán de someterse cada año a un examen del “detector de mentiras” –sea este el “polígrafo” o una técnica más reciente, como la “resonancia magnética”–. Ocasión en la que cada autoridad convocada responderá a una pequeña lista predeterminada de preguntas referidas a su gestión y responsabilidades oficiales, y de ningún modo a sus asuntos personales. Hablamos de una actividad organizada por los sindicatos de periodistas, proyectada como evento público y transmitido en vivo por los medios masivos de comunicación nacionales y extranjeros. Una estrategia destinada a darle al pueblo criterios para evaluar el trabajo de las personas a las que ha confiado el gobierno y la administración del Estado, cuyos resultados sin embargo no podrán ser utilizados judicialmente.

Los políticos alegarán que someterlos al detector de mentiras va contra su dignidad y derechos personales… Pero no hay tal cosa. Los políticos no deben perder de vista que como autoridades han asumido una condición pública y que es sobre esa condición que se hacen las preguntas. Que en realidad y legítimamente los gobernantes son sólo empleados del pueblo contratados mediante elecciones, y no los dueños y amos del país como gustan de sentirse. Y, que el pueblo mil veces engañado, manipulado y traicionado tiene derecho a extremar recursos para defender sus justos intereses.

 

Elecciones y sorteo combinados para asignar el poder

Destinado a encarar el riesgo cierto de que el Estado sea tomado y enajenado por gente poderosa manipulando la voluntad del pueblo en elecciones. Nos referimos a un posible escenario con poderosos empresarios transnacionales, grupos oligárquicos de afán imperialista a la cabeza de estados extranjeros, mafias narcotraficantes, organizaciones terroristas internacionales, cárteles criminales… empeñados en capturar y hacerse dueños del Estado Boliviano. Una posibilidad abierta y de resultado cuasi seguro para quienes estén dispuestos a invertir unos centenares de millones de Dólares en la formación de un partido, labrarle una imagen de líder popular a alguien, repartir dádivas entre el liderazgo político social e intelectual, idiotizar la inteligencia popular con propaganda masiva y regalos, manipular la voluntad de los tribunales electorales… Cosas que están al alcance de alguna gente del país y de muchos más del ámbito internacional. Una situación que quizás estemos viviendo ya con la toma del poder por Evo Morales bajo patrocinio del Presidente de la Venezuela socialista, Hugo Chávez pertrechado de petrodólares.

Para evitar este tipo de problemas es que planteamos combinar elecciones y sorteo. Apelar a la voluntad popular, expresada en el voto secreto libre y universal, y a la no manipulable suerte definiendo entre los candidatos más votados quién asumirá el poder. Hablamos de una forma capaz de desanimar las ambiciones y planes de los potenciales grandes “inversionistas” interesados en apoderarse del Estado Boliviano y sus riquezas naturales. Gente que en las condiciones que planteamos tendrían que pensar dos veces antes de arriesgar sus capitales, ante la probabilidad cierta de que ni aun empleando centenares de millones de Dólares pueda asegurarse el triunfo ante la intervención de la caprichosa fortuna. Cualidad puesta de relieve ya por la Biblia como por las normas de la democracia de la antigua Atenas[2]. Y no es vano que actualmente en Bolivia los Jurados Electorales se escojan por sorteo.

 

Democracia participativa, consulta popular vinculante

 En el país, las elites dirigentes han formado grupos de poder o minorías activas con gran afán y capacidad de movilización política y social, muy capaces de poner en jaque a cualquier gobierno y al país entero. Hablamos de entidades como los sindicatos cocaleros, sindicatos de profesores, sindicatos y cooperativas de trabajadores mineros, transportistas, organizaciones de campesinos, asociaciones de comerciantes minoristas, las FEJUVE, los padres de familia de las Juntas Escolares (como las que incendiaron la Alcaldía de El Alto), federaciones de pueblos indígenas, ONGs y hasta organizaciones de policías y militares. Grupos de activistas que fácilmente pueden ser instrumentados con dinero por partidos políticos y élites poderosas (criminales o no criminales) empeñadas en imponer sus afanes o defender sus privilegios poniendo trabas al ejercicio del gobierno. Entre estas principalmente las mafias de la corrupción enquistadas en la administración pública. Hablamos de uno de los mayores problemas de  gobernabilidad del país.

Ante circunstancias de esta índole es que se prevé la consulta popular mediante referéndum. Para que sea el pueblo soberano, bien informado, quien tome la decisión del caso ante planteamientos o peticiones de las organizaciones movilizadas. La estrategia permitirá encarar y limitar las habitualmente desbocadas ambiciones de los grupos de élite que dominan estas organizaciones. Las que bajo amenaza de multas y otros castigos arrastran a sus “bases” a acciones de violencia bloqueando calles y caminos, quemando oficinas públicas hasta asesinar gente inocente, sumiendo al país en aflicción.

Este mecanismo de democracia participativa habrá de requerir de la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación masiva a fin de hacerlas sin perjudicar la actividad diaria de la ciudadanía ni pesar demasiado en el Presupuesto General del Estado. Hablamos de un sistema de democracia participativa puntual y factible administrado por el poder electoral.

 

Estas nuevas condiciones cambiarán la correlación del poder entre las élites y las masas ciudadanas. Cambiará radicalmente el escenario de la política orillando a políticos y autoridades a un comportamiento más acorde con sus funciones oficiales al servicio del país. Será así, porque disminuirá la asimetría de control a favor del pueblo fortalecido en su capacidad de acción. Las élites políticas, lo quieran o no, asumirán las nuevas pautas de conducta y se desarrollará una nueva institucionalidad. La política dejará de ser una “mala palabra” y los políticos y dirigentes sociales rescatarán el respeto que se merecen como servidores públicos porque las sospechas y acusaciones de corrupción estarán por demás, estando ampliamente abiertas las posibilidades de investigación y control al alcance de cualquier ciudadano. De este modo se frenará la maledicencia que habitualmente rodea el ejercicio del poder dañando nombres y honras. Pero es más, la clase política será renovada al alejarse del escenario los que practican la política en afán de prosperidad personal, dando paso a la gente con verdadera vocación de servicio, cuya honestidad la aleja actualmente de los escenarios perversos de la política.

De este modo, Bolivia podrá contar con mejores gobernantes y el Estado dejará de ser un lastre para convertirse en un real factor a favor del país, con efectos positivos en la administración de las entidades y empresas del estado.

 

 

 

ERRADIQUEMOS LA POBREZA

Donde hay justicia no hay pobreza. (Confucio)

 

Planteamos establecer un salario social básico para erradicar la pobreza por razones de justicia social y mejor organización de la economía, generando a la vez: a) mejora constante de los servicios de educación, salud, seguridad ciudadana y justicia; b) condiciones de paz social y gobernabilidad; y, c) la disminución de los espacios proclives a la corrupción en la administración pública. ¿Una posibilidad admirable? Cierto, y más aún por ser factible y estar a nuestro alcance.

 

El Salario Social Básico (SSB)

El SSB implica devolverle al pueblo la riqueza social requisada y malgastada por el gobierno, cuando no sustraída por autoridades y funcionarios públicos corruptos. Hablamos de un SSB de alrededor de 80 dólares/mes per cápita, sea persona adulta o niño, tenga empleo o no lo tenga (320 dólares/mes por familia de cuatro miembros). Beneficiando de este modo al 65% de la población del país que sufre pobreza o está cerca de tal situación. Salario pagado con recursos que el Estado Boliviano tiene y administra actualmente. Recursos equivalentes al 39,4% del Gasto Corriente del PGE consolidado del 2016. Lo que garantiza su factibilidad. Más aún, cuando lo presupuestado para los servicios de educación, salud, policía y justicia más los “bonos” que reciben ciertos sectores de la población cubre gran parte de lo requerido para el SSB.

De este modo, el dinero que está en manos del gobierno y la burocracia pública pasará a ser administrado por las familias de acuerdo con sus necesidades, intereses  y puntos de vista pagando los servicios de educación así como los de salud, seguridad ciudadana o policía y justicia ofertados en el mercado a partir de la aplicación del PSL.

 

Educación gratuita en manos de los maestros y las familias

Actualmente la educación es una empresa del estado, administrada por el Ministerio de Educación, y la población tiene acceso casi gratuito a este servicio, aunque existe un sector creciente de educación privada. Hasta ahí bien. Lo malo está en la calidad de la enseñanza. El gobierno viene rehuyendo la evaluación de los resultados de la educación que se imparte en Bolivia. El país debería estar incluido en el programa PISA de la Unesco que anualmente mide la calidad educativa de muchos países del mundo, pero el gobierno lo evita, consciente de la mala calidad de la educación que administra. Lo que viene sucediendo a despecho del creciente desarrollo científico tecnológico aplicado a la economía que exige recursos humanos cada vez mejor calificados y competitivos. Gente que el país mayormente no tiene, ni la tendrá si no cambiamos y mejoramos el sistema educativo fiscal substancialmente.

El PSL propone que la producción y oferta de los servicios educativos pase a manos de los maestros, organizados en empresa en cada escuela, colegio y universidad, compitiendo en el mercado en calidad y precios. Servicios educativos que las familias pagarán con los recursos recibidos del Estado. Esto es, con una parte del SSB. Para el efecto, el Estado habrá de transferir a los maestros la propiedad de las unidades educativas públicas (edificios, mobiliario, equipo así como la razón social) en condiciones concesionales. Así el sistema pasará a ser organizado por el mercado y no por los políticos y la inepta burocracia pública. En estas nuevas condiciones estructurales, la competencia inducirá a los maestros, ya organizados en empresas educativas, a mejorar la calidad de su trabajo sin aumentar los costos. En el nuevo escenario, a diferencia del actual, los “profes” desarrollarán sus actividades con interés y responsabilidad espontáneas, por motivación propia. Lo harán así, porque sólo de este modo podrán sostener sus empresas y lograr ganancia en medio de la competencia y prosperar.

De este modo el país destinará mayores recursos para la educación. Principalmente por haberse eliminado los gastos insulsos en los salarios de la frondosa burocracia del Ministerio de Educación sumados a sus gastos de oficina, equipo, materiales… además de la pérdida de recursos por corrupción. El dinero que las familias podrán destinar a la educación será mayor que el consignado en el Presupuesto General del Estado para el rubro, y tanto maestros como administrativos mejorarán sus ingresos.

Hablamos de cambios substanciales en el ámbito de los servicios tradicionalmente producidos por el Estado. Cambios con los que saldrá beneficiada la población del país así como la economía nacional y el gobierno. De este modo, los bolivianos alcanzaremos nuevos niveles de capacidad productiva y realización. Nada extraordinario. Ocurrirá no más de lo que sucede habitualmente con los bienes y servicios cuya producción y consumo están organizados por el mercado, en cualquier parte del mundo. Tal como está pasando con nuestros teléfonos celulares, cuyos productores al estar sujetos a competencia de mercado no dejan de sacar productos cada vez mejores y a precios cada vez menores. Nada del otro mundo, únicamente el mercado en acción.

 

Salud, policía y justicia gratuitas en manos de médicos, policías y abogados

De modo similar a los maestros, los médicos y el personal de salud se organizarán voluntariamente en empresas privadas haciéndose cargo de hospitales y centros de salud, para ofrecer sus servicios en competencia de mercado a una población cuya demanda será sostenida por el SSB. En este escenario nuevo el Estado facilitará la formación de empresas privadas aseguradoras de servicios de salud. Empresas que reuniendo capitales, recursos humanos, equipos y edificios brindarán servicios médicos integrales abarcando toda la gama de requerimientos. Así los servicios de salud llegarán al último rincón del país, porque ahí habrá gente con capacidad de pago, por obra del SSB.

Del mismo modo, la justicia estará a cargo de juzgados privados y centros de arbitraje y conciliación formados por jueces, fiscales y abogados organizados en empresas privadas, ofreciendo sus servicios en competencia a quienes eventualmente lo requieran. Personas que pagarán el servicio con los dineros recibidos por el referido SSB.

También los servicios policiales estarán organizados en empresas privadas formadas por los policías de carrera, abogados, etc. Empresas de seguridad ciudadana y aseguradoras que ofertarán sus servicios en competencia de mercado. Una experiencia bastante conocida ya en el país, tanto en el cuidado de los barrios de nuestras ciudades como de los mercados del comercio minorista. En este nuevo marco de realidad las empresas de seguridad ciudadana podrán incluso asumir la obligación de resarcir los daños que llegaran a sufrir sus asegurados en manos de delincuentes, tal como ocurre en los seguros contra incendios, etc. Cosa que la actual policía jamás podría hacer.

Sin perjuicio de lo planteado, está prevista una policía estatal armada bajo mando del Poder Judicial, respaldando las funciones de las unidades de la policía privada. Lo mismo que una Corte Suprema encabezando un sistema judicial integrado por juzgados privados (excepto narcotráfico y terrorismo, que permanecerían como juzgados estatales).

 

A diferencia de los bonos del MAS, o los de Sánchez de Losada y Hugo Banzer, esta política de redistribución es sostenible, porque combina racionalmente la redistribución socialista con la economía de mercado. La que con su reconocida, incluso por Marx, potencia productiva permitirá generar riqueza suficiente como para sostener con impuestos el SSB.

 

 

 

 

LIBERAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro, que no le haga sombra. (Juan Bautista Alberdi)

 

  

Mercado antes que estatismo y colonialidad feudal

 Recogiendo la experiencia de la humanidad y la del país –el triunfo de la economía de mercado y el fracaso de la economía socialista[3]–, el PSL propone liberar las fuerzas productivas, actualmente trabadas en su desarrollo por la intervención del estado en la economía y la persistencia de formas pre capitalistas de organización. Esto es, sacar la economía de las manos indolentes y corruptas de los políticos en el poder y ponerla en manos de los productores relacionados y orientados por el mercado –combinado con el tradicional sistema de intercambio andino, el ayni, que se va dando ya espontáneamente–.

El desarrollo no es un milagro. Si nuestro pueblo vive cuasi estancado en el atraso y la pobreza, es porque está amarrado por las perversas condiciones de  estructuras organizacionales perversas como irracionales. Si en el mundo existen países desarrollados y ricos es porque gozan de condiciones apropiadas emergentes de estructuras apropiadas. Eso es todo, es ahí que está la virtud, para nada cuentan las diferencias raciales y cosas similares como factores del progreso o el atraso.

Liberar las fuerzas productivas en Bolivia tendrá los mismos efectos de desarrollo y enriquecimiento del país que se dieron en los pueblos que asumieron el modo de producción de mercado. Tal como ocurrió inicialmente con Inglaterra (desde el siglo XVIII), llevando en décadas a este país a la condición de primera potencia y taller del mundo. Una ruta luego seguida por Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, etc. Éxito que repiten después los EEUU y Japón, Dinamarca, Suecia… Como en los tiempos más recientes Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan, Canadá, Irlanda, España, Australia, Nueva Zelandia, Botswana, Chile, Panamá, Perú, Tailandia, China, India, Polonia, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Botswana, Malasia, Mauricio, etc. etc.

Ningún país del planeta tiene capacidad de salir de la pobreza y el atraso confiado sólo en sus propias fuerzas, hacerlo implicaría mucho tiempo y peor aún un gran sacrificio, innecesario. De ahí que hasta la China, gobernada por el Partido Comunista, decide en 1978 buscar en los países capitalistas los capitales y la tecnología requerida para salir del atraso y la pobreza. Recursos que de otro modo China no hubiese podido conseguir, aun siendo el país más poblado del mundo y teniendo un territorio de alcances continentales. La experiencia de la China seguida por Vietnam, Corea del Norte (y hasta Cuba) como la de la India y los países de Europa del Este (saliendo del socialismo) dan cuenta de lo absurdo de pretender un “desarrollo endógeno” para un país pobre y atrasado a estas alturas de la historia.

En el nuevo escenario económico, dejaremos de exportar trabajadores (más del 30% de la población boliviana ha emigrado del país en busca de empleo) para  exportar producción, tal como debería ser. Lo haremos, como los chinos, acogiendo en el país a la inversión extranjera directa, a empresas transnacionales de todo el mundo. Esto es lo que corresponde con los interés del país. Para nada se ve normal ni aceptable que tengamos que abandonar nuestras familias para conseguir el empleo que nos permita sostenerlas, cuando están abiertas las posibilidades de tener en el país inversiones industriales y comerciales suficientes como para que todos tengamos empleo aquí, dentro de nuestra patria. ¿Estaremos los bolivianos condenados a emigrar para sobrevivir? ¿Ir a golpear puertas ajenas a ser víctimas de discriminación racista y ultraje, teniendo un país con un gran territorio lleno de todo género de recursos naturales y una población dispuesta al esfuerzo productivo? Creemos que no.

¿Y, no merecemos los trabajadores bolivianos salarios como los que se pagan en los países desarrollados además de vacaciones pagadas, seguro médico, jubilación…? ¿Por qué tenemos que conformarnos con sueldos de hambre, cuando bien podríamos gozar de sueldos como los de los países ricos? Peor aún, actualmente sólo un 16% de nuestros trabajadores tiene acceso a seguro de salud, aguinaldo, vacación y jubilación, los demás, los cuentapropistas, campesinos y trabajadores de pequeños talleres y negocios no conocemos nada de estos “privilegios” propios de los empleados del estado y la empresa privada. ¿A quién en Bolivia le caería mal ganar un salario 10 veces mayor? Seguro que a nadie. ¿Un imposible? No, para nada, sólo algo perfectamente alcanzable a condición de reorganizar la economía del país tal como plantea el PSL.

 

 Tierra y libertad

El PSL propone distribuir y entregar las tierras fiscales gratuitamente a la población comprendida entre los 20 y 30 años de edad, sin distinción ni discriminación alguna, sea de etnia, género, condición económico social o educación. Personas que recibirán prcelas en las superficies que correspondan por igual, hecha la división de la superficie total de tierras fiscales entre todos los potenciales ciudadanos beneficiarios. La singular fase de “acumulación originaria del capital” que se da en el país bajo régimen socialista está provocando que las tierras fiscales se estén distribuyendo de modo arbitrario y hasta delincuencial a los arrimados al poder nacionales y extranjeros.

De este modo, muchos jóvenes que no encuentran empleo ni ocupación productiva tendrán la oportunidad de emplear sus fuerzas y recursos productivamente, u obtener un capital vendiendo la tierra recibida. Lo que dará impulso al mercado de tierras, que terminará llevando la propiedad de la tierra a manos de quienes tienen oportunidades y condiciones para explotarlas productivamente. Un proceso del que saldrá beneficiado el país incrementando su producción agropecuaria, logrando “seguridad alimentaria”,  además de generar divisas exportando alimentos y otros productos agroindustriales.

 

 

 

DESARROLLAR NUESTROS RECURSOS HUMANOS

El mejor negocio del mundo no es comprar a un argentino por lo que vale y

venderlo por lo que él cree que vale, sino, comprar a un boliviano por lo que

cree que vale y venderlo por lo que realmente vale. (Fabián Restivo, Argentina)

 

 

En la economía moderna, el factor de mayor importancia productiva es el ser humano antes que la máquina, la tierra, el capital, la tecnología o el gobierno. Si algo caracteriza a los países desarrollados más dinámicos es precisamente el alto nivel de capacitación de su gente. Y, si algo pone en evidencia el atraso y la pobreza de la economía boliviana, es el bajo nivel productivo de la población. Condiciones derivadas de las deficiencias crecientes de nuestro sistema educativo fiscal y del vivir y trabajar dentro de formas pre capitalistas combinadas con la corrupta economía estatizada en proyección al inviable socialismo.

El mal influjo de la estatización de la economía en Bolivia en la formación y calidad de nuestros recursos humanos se puede advertir en un secreto a voces del escenario fiscal. Que el personal se contrata, antes que por las cualidades profesionales o la potencial productividad del postulante, por militancia partidaria, parentesco o por paga de coima. Así, los cargos públicos más aptos para el negocio espurio de la corrupción se licitarían al mejor postor. Para ejemplo, se comenta que un cargo de “investigador” de la policía se alcanza con alrededor de 10 mil Dólares, y mucho más ante cargos de fiscal, juez o empleado de aduana. Cargos poco aptos para sacarle provecho se estarían entregando por sumas como de 2 mil Dólares (tal es el caso de un técnico medio en una gobernación), mientras que una notaría se estaría alcanzando con 15 mil Dólares. Un modo de hacer las cosas del que no se han librado ni nuestras universidades autónomas, donde los cargos de docencia, según comentarios de la gente involucrada, se hacen accesibles pagando tarifas por encima de los 3 mil dólares. Etc. Y esto es lo que propone acabar el PSL, organizando la economía, y la educación, sobre la base del mercado.

Nuestra población necesita y debe lograr los niveles de formación científica y tecnológica alcanzados en los países desarrollados –no podría ser menos–, y enriquecer su personalidad social con una ideología de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos humanos así como de aprecio a la democracia, la diversidad étnica, la prosperidad personal y la riqueza. Dejando atrás la imagen de los bolivianos, aymaras y quechuas, como gente que naturalmente tiene que ser pobre y marginal. Tenemos que rescatar nuestra autoestima justipreciando nuestras potencialidades y poniéndolas en acción decididamente.

En las condiciones estructurales establecidas por el PSL, las personas buscarán de modo espontáneo desarrollar sus capacidades profesionales. Se reestablecerá un escenario de sana competencia –el factor definitivo de la evolución de la vida y el desarrollo de la cultura–. Y a este afán renovado responderá el nuevo sistema educativo, como no podría hacerlo el actual sistema en manos del estado. Entonces sí, la educación corresponderá a la condición de la más alta función del estado. Estará orientada a los requerimientos de la actividad productiva propia del siglo XXI y su espectacular desarrollo científico tecnológico y cultural, así como al servicio de las personas abriéndoles oportunidades de empleo y prosperidad. Se habrá superado el actual desfase entre la educación y la demanda de mano de obra técnica y profesional porque la oferta educacional a cargo de la empresa privada tenderá a adecuarse a la demanda en el marco de la competencia de mercado. Mientras que las exigencias de la demanda serán atinadas al quedar en manos de las familias escogiendo lo mejor para sus hijos, orientadas por los informes periódicos de las ONGs del sector en cuanto a la calidad de los servicios de las distintas escuelas, colegios y universidades, así como de la situación y perspectivas de la economía. Hablamos de la demanda sostenida con los recursos financieros del SSB.

En la economía de mercado todos somos productores y estamos en competencia. Todos estamos orillados a extremar esfuerzos por desarrollar nuestras capacidades físicas e intelectuales y empeñar lo mejor de nosotros para producir aquello que la sociedad demande. De ahí la ventaja de los extranjeros (judíos, alemanes, turcos, árabes…) ante las élites nacionales bolivianas. Gente que en la primera mitad del pasado siglo XX llegó al país como inmigrante pobre, para en un par de generaciones convertirse en poderoso empresariado, dejando en la cuneta a nuestros tradicionales grandes señores. Los que complacidos en sus privilegios como patrones de hacienda feudal y orgullosos intelectuales y líderes revolucionarios se quedaron estancados en su prestigio, comodidad, ignorancia y pobreza incluso.

 

 

 

 REORGANIZAR EL ESTADO EN SENTIDO ANTICOLONIAL

 La razón de la colonia feudal española, antes que en la imposición cultural, está en el afán de saquear al pueblo sometido. Afán que hoy continúa por medio de la corrupción. Seguimos pues en la colonia, dentro mismo del país.

 

Bolivia estado federal. Una de las mayores deudas que tenemos pendiente con nosotros mismos es la de enmendar las estructuras impuestas por el colonialismo interno a nuestros pueblos originarios. Es en esa función que proponemos cambiar la tradicional “república unitaria”, o el “estado plurinacional” (que es más retórica populista que realidad), por la de República Federal de Qollasuyu Bolivia (RFQB). Un nuevo estado, integrado por nuestras principales naciones originarias y las identidades regionales cristalizadas a lo largo de la historia del país. Posibilidad que tendrá que ser precisada y definida en referendum popular.

Hablamos de una forma de poner las cosas en su lugar natural y saldar la deuda dejada por el colonialismo español. Una nueva división política administrativa basada en el respeto de las diferencias étnicas sin menoscabo de la igualdad básica ante la ley y el compartir un mismo sistema económico. No podríamos construir un estado fuerte ignorando las reivindicaciones nacionales y regionales de los pueblos y sus diferencias étnicas. La unidad será consecuencia de la equidad en la participación complementaria de todos desde su propia personalidad social posibilitada por el libre mercado interno y la superior democracia social libertaria.

Este componente anticolonial del programa engrana perfectamente con las otras medidas de cambio referidas al sistema de gobierno y la economía que también tienen sentido anticolonial: a) devolverle al pueblo el control de su gobierno; b) frenar la corrupción, el método actual del saqueo colonialista interno; y, c) el poner al mercado como factor principal del ordenamiento de la economía.

 

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LA NATURALEZA DEL PROGRAMA

Libertad sin socialismo es privilegio e injusticia,

socialismo sin libertad es tiranía y brutalidad.

(Mikhail Bakunin)

 

 

El PSL es un programa revolucionario, porque plantea cambios estructurales en la sociedad. En lenguaje marxista: un cambio de “modo de producción”, para dejar de una buena vez atrás la herencia colonial sostenida por el afán socialista y alcanzar al resto de la humanidad en su desarrollo.

Proponemos un modelo que tome los valores postulados por el socialismo y la eficacia productiva del capitalismo para combinarlos con criterios de sinergia. Una combinación que ubica al mercado en la función de organizar la actividad económica –combinado con el tradicional ayni andino–, mientras pone al estado como aval, promotor y vigilante de su vigencia. Funciones a las que se agrega la redistribución del producto social orientada a fortalecer las cualidades competitivas en el mercado de la población menos favorecida (es aquí que cuenta el SSB).

El Programa Social Libertario le plantea al país un nuevo nivel de organización social, abarcando el sistema político como la economía, Una forma inédita de combinar mercado y estado, que toma de ambos sus mejores atributos generando mayores virtudes para ambos. Otra cosa que las combinaciones socialdemócratas y similares, que pretendiendo dirigir el mercado lo someten a motivos políticos en desmedro de la racionalidad de la economía. Y es que el PSL ha superado el tradicional criterio, de fuente marxista, de que a diferencia del gobierno el mercado tiene deficiencias definitivas. Lo que no concuerda con la realidad, que muestra mayores deficiencias en el gobierno que en el mercado. La ingenua visión de que el gobierno puede conducir la economía consciente y planificadamente, no sólo que deriva en frustración, sino que para peor conduce al crecimiento desorbitado del aparato estatal y  de sus afanes de manipulación del mercado y sometimiento de la empresa privada. Tal como ilustra la crisis del “estado benefactor” europeo, y antes aún el derrumbe del “campo socialista” encabezado por la URSS.

En Bolivia, desde los años 30 del siglo XX venimos luchando generación tras generación por la primacía del estado, bajo el supuesto de que sólo el estado puede llevarnos al desarrollo, mientras nos empeñamos en frenar el desarrollo del mercado y la empresa privada. Y así, reiteradamente escogimos la ruta del fracaso, mientras los países de economía de mercado avanzaron y continúan avanzando raudamente ante nuestros ojos. A estas alturas de la historia deberíamos escuchar ya la recomendación de Albert Einstein: “Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

 

Por otro lado, quienes insisten en volver a nuestras raíces pre coloniales (retorno al ayllu) para retomar la vía del desarrollo y el fortalecimiento del país podrían equivocadamente ver la propuesta social libertaria como algo ajeno, como algo propio de “occidente” y “su lógica”. Veamos. Es cierto que fue en Europa que el mercado logra constituirse por vez primera en forma principal y dominante de la economía, dando lugar al capitalismo, precisamente al extender la compraventa a las relaciones obrero-patronales, regidas antes por relaciones de poder, como en el feudalismo y el esclavismo o el socialismo inkásico. Y no es menos cierto que el mercado estuvo ya presente en la economía pre colonial de nuestros pueblos originarios. Una realidad que pone en evidencia de manera objetiva y verificable el léxico de los idiomas aymara y quechua con palabras referidas a la actividad comercial, otra cosa que el mero trueque o el ayni.

Es más, ¿por qué, si habitual y normalmente aceptamos como bueno y apropiado el usar aparatos e instrumentos de toda índole producidos en los países desarrollados con tecnologías inventadas por el sistema capitalista, nos negamos a aceptar la tecnología básica de estos países? ¡Cuál! Pues qué otra cosa, sino la tecnología de organización social, el “modo de producción” basado en el mercado y la propiedad privada. La tecnología de organización social que ha hecho posible aplicar la ciencia y la tecnología a la economía, traducida en el desarrollo creciente de técnicas de producción plasmadas en los sofisticados aparatos que importamos y usamos con placer: computadoras, celulares, aparatos de sonido, medicamentos, Internet, autos, aviones, satélites, máquinas industriales, internet, saber científico y tecnología, etc. etc.

 

En suma, tratándose del desarrollo del país y la solución de sus graves problemas, “dejemos de buscarle tres pies al gato”. La experiencia de la humanidad, incluida la nuestra, nos está señalando claramente el camino y las formas del éxito económico y el desarrollo humano. Que a estas alturas de la historia no los asumamos sólo puede ser expresión de mala fe o de extrema ignorancia.

 

FIN

 

Walter Reynaga Vásquez

Cel. 73096720, wreynagavx@yahoo.es

[1] El PSL no es un programa meramente administrativo, de obras públicas, construcción de carreteras, postas sanitarias, hospitales, represas, fábricas, palacios… o de promesas de mejorar la educación, la salud o cosas como el “buen vivir” o “500 mil empleos”. No. El PSL es un programa de cambio de las estructuras de organización del gobierno y la economía orientados a generar las condiciones necesarias para que el pueblo aplicando su inteligencia y sus brazos desarrolle una poderosa economía plena de empleos, sistemas de salud y educación en mejora constante, justa administración de justicia, seguridad ciudadana… Una realidad nueva donde el estado, los políticos y la administración pública dejen de ser lastre sobre los hombros del pueblo. Un país donde la gente pueda mirar el futuro con esperanza, segura de que sus esfuerzos no serán vanos.

[2] “En Atenas, en la antigua Grecia, el sistema de gobierno democrático utilizaba el sorteo como medio de asignación del poder regularmente: ‘Había dos métodos de seleccionar a los funcionarios, por sorteo o por elección. Unos 1100 ciudadanos (incluyendo el Consejo de los Quinientos) desempeñaban un cargo como magistrados cada año y de éstos, alrededor de 100 eran electos por votación.” (Wikipedia: “Democracia ateniense”).

“El echar suertes pone fin a los litigios y decide entre las partes en pugna”. (La Biblia,  Proverbios 18:18).

“La suerte se echa en el regazo. Mas, de Jehová es la decisión”. (La Biblia, Proverbios16:33).

 

[3] El gobierno del MAS viene alardeando del éxito de su “modelo económico social comunitario”, sin tomar en cuenta que este modelo socialista, que en fase inicial logra altos niveles de crecimiento por el efecto multiplicador de la inyección de grandes recursos financieros en la economía (producto circunstancial de los altos precios de nuestros productos de exportación) se encamina de modo natural a la crisis y la recesión como efecto del gasto dispendioso y la escasa racionalidad de la inversión estatal decidida en el marco de los afanes de la corrupción. La economía venezolana llegó a crecer por varios años hasta alcanzar tasas espectaculares de crecimiento del PIB, en algún año incluso superior al 17% (2004), para luego empezar un proceso sostenido de caída a partir del 2014. Para el 2018 el FMI prevé una caída del PIB venezolano del 15%. Ese es el problema de la economía socialista: la insostenibilidad de su crecimiento y el incubar una crisis definitiva.

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