El Programa Social Libertario

(Programa mínimo)

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Por Walter Reynaga Vásquez…

El Programa Social Libertario (PSL) plantea una combinación nueva de estado y mercado procurando sinergia antes que perjuicio para el sistema como ocurre con las socialdemocracias y otras formas del socialismo tibio. Propone un sistema social nuevo, promotor de la libertad, la democracia, el respeto a la dignidad humana y el desarrollo económico capaz de dejar la pobreza y sus problemas como asunto del pasado. El PSL, antes que un programa de obras o acciones administrativas del estado es un programa de cambios estructurales, línea en la que plantea tres cambios fundamentales en el sistema de organización social. Por lo que antes de un programa funcional es un programa revolucionario, que propone poner al país en la actualidad del siglo XXI, y que a diferencia del revolucionarismo marxista es totalmente factible en procura de sus objetivos.

1. Nacionalizar el Estado, privatizado de facto por las élites en el poder

La privatización de facto del Estado Boliviano es uno de los tres problemas fundamentales del país. Está entre los problemas que generan y sostienen su estado de atraso y pobreza, desigualdad social, conflictividad política y la preeminencia de ideologías demagógicas.

Bolivia sufre tradicionalmente de una extrema asimetría de participación y control entre sus astutas élites políticas y la masa social ingenua y desinformada. Al punto de haber  convertido al Estado en un cuasi feudo de los  grupos políticos encaramados en el poder. Los que ven la autoridad y los recursos públicos como algo puesto para su provecho y enriquecimiento personal. Lo que explica el imparable avance de la corrupción en el gobierno y la administración pública. Al punto de haberse convertido este espurio afán en el motivo fundamental de la búsqueda y uso del poder. Un problema que se acentúa en la medida en que el Estado incrementa su intervención en la economía, se hace cargo de la economía a través de las empresas públicas y crece el porcentaje del PGE en relación al PIB, el que bajo el gobierno del socialista MAS viene por encima del 80%. Es que en la medida en que el Estado administra más recursos crece el posible botín de la corrupción y crece la ambición por apropiarse de tales recursos. Lo que ha venido sucediendo bajo el influjo de ideologías socialistas y nacionalistas desde hace más de ocho décadas, y especialmente desde la Revolución Nacional de 1952, acentuándose en los últimos trece años bajo el “socialismo del siglo XXI”.

Problema este, la corrupción y el descontrol del gobierno, ante el que planteamos darle al pueblo instrumentos prácticos de control efectivo sobre las élites en el poder. Recurso por medio del que, disminuyendo la asimetría política referida, le permitirán ejercer apropiadamente su soberanía. Élites políticas que sin diferencias de raza ni región, sean izquierdistas o derechistas, hacen lo mismo cuando están en el gobierno, esto es, usarlo para enriquecer a costa del Estado.

Enfrentar los graves males que sufre el país tiene por condición que el pueblo pase de ser masa maleable en manos de las élites políticas a ejercer control real sobre el gobierno y la administración pública, frenando así la creciente corrupción. Mal que distorsiona y degenera el papel del Estado, al inducir a las autoridades a buscar los beneficios de la corrupción antes que atender sus responsabilidades oficiales. Cosa que ocurre al punto de ser este obscuro afán el que impone las pautas que deciden la orientación del gasto y la inversión pública. Entonces, proponemos:

a) Establecer por ley la auditoría independiente anual sobre todas las empresas del Estado y las reparticiones mayores de la administración pública. Auditorías encargadas a firmas internacionales mediante licitación pública. Exámenes cuyos informes serán publicados sin restricciones en los medios masivos de comunicación y las redes sociales de Internet para el conocimiento de la ciudadanía.

La auditoría independiente es uno de los recursos técnicos principales de la administración de las grandes empresas en todo el mundo, incluidas las transnacionales. Porque es con la auditoría que los dueños de las empresas pueden validar o refutar los informes de gestión de sus gerentes. Y, de este modo conocer la real situación de sus empresas para tomar las decisiones que correspondan, sea reafirmando la línea estratégica empresarial y a sus gerentes, o cambiándolos.

¿Quiénes son los dueños de Bolivia? Nadie en particular, y menos los gobernantes. Los verdaderos dueños de Bolivia somos los ciudadanos bolivianos, legítima y legalmente. Las empresas del estado como el Estado mismo son nuestros. Por lo que tenemos el indiscutible derecho a saber cómo los manejan y administran las autoridades a las que hemos confiado el gobierno y la administración pública. Para, con esa información, decidir en elecciones, o reafirmar a las autoridades en sus cargos o cambiarlos junto con sus programas de gobierno y sus políticas.

Los informes anuales que ante cámaras y micrófonos hacen el Presidente del Estado así como los alcaldes y gobernadores para nada son satisfactorios. Porque estas ocasiones se reducen a momentos ideales para que las autoridades cuenten sus historias de autoalabanza, así como para engañar a la opinión pública. El papel, como el micrófono, aguanta todo.

b) Establecer el sistema de Control Social Directo (CSD) sobre las oficinas de la administración pública, en cualquier materia y asunto (excepto los que por ley se declaren en reserva). Una potestad que reglamentada esté en manos del ciudadano común (sea o no dirigente, representante…) que voluntariamente quiera investigar hechos de los que sospeche corrupción, con acceso irrestricto a archivos documentales. Potestad que podrá ejercer personalmente o mediante poder legal otorgado a otras personas .

El PSL propone este tipo de control social sobre las autoridades, ejercido directamente por la ciudadanía, porque se ha visto en la práctica que los encargados de “control social” en calidad de representantes del pueblo, y sus organizaciones sociales,  terminan involucrándose en la corrupción en calidad de actores y beneficiarios. De hecho el ser representante encargado del control social les da un poder exclusivo que les sirve para negociar su participación y sacar provecho personal. Total, como la corrupción no da recibo, ni hace actas ni se toma fotografías, lejos de sus bases los encargados del control pueden hacer lo que les dé la gana, y lo hacen. Lo que viene a ser comprensible en un país donde por tradición cultural el poder político esta visto y usado como algo puesto para beneficio de la autoridad o el representante.

A diferencia, en el CSD, la apertura de la potestad de control a todos y cualquiera de los ciudadanos, la no exclusividad del derecho de controlar, hará que las posibilidades de que alguien le saque provecho encubriendo la corrupción disminuyan. Será así, porque ante un informe de investigación sobre un hecho sospechado de corrupción, que a juicio de la opinión pública parezca encubridor, serán muchos otros los que interesados, incluso en sacarle también provecho, entraran también a investigar el asunto ejerciendo su derecho de control social. Condiciones en las que será difícil que el hecho de corrupción permanezca encubierto.

2. Salario Social Básico (SSB)

El PSL propone un SSB para el 65% de la población, destinado a dejar atrás la pobreza y construir mejores sistemas de educación, salud, policía y justicia acordes con las necesidades de la población y las exigencias del desarrollo en este siglo XXI. Lo que implica, transferir los recursos del PGE, destinados a los rubros de educación, salud, policía y justicia, a las familias del país, en la forma de un Salario Social Básico mensual –como 4.320 Dólares por año para una familia de 4 integrantes–. Recursos que existen actualmente y son malgastados por el gobierno.

Con estos dineros las familias pagarán los servicios de educación, salud, policía y justicia, que pasarán a ser producidos por empresas privadas ofertando sus servicios en competencia de mercado.

Para la creación de las empresas privadas previstas el Estado transferirá la propiedad de los edificios, mobiliario, equipo y otros activos a estas. Las que serán constituidas voluntariamente por sus actuales trabajadores en cada caso en calidad de socios (maestros, médicos y personal de salud, policías…). Transferencias hechas a título oneroso pero en condiciones ventajosas para estas empresas de trabajadores.

De este modo la educación, la salud, como los servicios de policía y justicia serán verdaderamente gratuitos y entrarán en un proceso de mejora sostenida, como ocurre con cualquier producto o servicio sujeto a competencia de mercado. Bolivia llegarà a tener así los mejores sistemas de educación, salud, justicia y seguridad ciudadana de la región, porque las empresas buscarán superar la calidad de su trabajo sin aumentar sus precios, por ser la única forma de obtener ingresos y ganancias sostenidamente. Los centros educativos competirán por la preferencia de las familias, así como los hospitales y las empresas de seguridad policial y los juzgados privados. Un escenario donde no tendrá lugar la corrupción ni el desperdicio actual de los escasos recursos del país en  manos de la burocracia estatal. De este modo, la población boliviana, en su gran mayoría tendrá educación, salud, seguridad ciudadana y justicia realmente gratuitas.

Sólo un cambio estructural de esta magnitud podrá sacar efectivamente la educación de sus deficiencias y creciente decadencia. El apelar a reformas sin cambiar las condiciones estructurales del sistema sólo ha conducido a frustraciones. Ocurrirá lo mismo con el sistema de salud, además de ampliar la cobertura al total de la población, porque la oferta de servicios de salud llegará a los últimos rincones del país porque la gente en esos lugares tendrá capacidad de pago. Y no serán distintos los efectos en los servicios policiales y los de justicia, actualmente carcomidos por la corrupción hasta el grado de degeneración en la que están actualmente.  

De este modo, el país tendrá los recursos humanos que requiere la economía moderna, calificados científica y técnicamente. Así como una ciudadanía capaz de velar por sus derechos y ejercer efectivamente su rol soberano, en el marco de los cambios propuestos en el sistema de gobierno en procura de una democracia superior, inédita en el mundo. Tendremos una población habilitada para que por esfuerzo propio salga de la pobreza y prospere aprovechando sus potencialidades y las oportunidades crecientes que genera la economía globalizada y los recursos naturales de nuestro vasto territorio.

3. Liberar las fuerzas productivas

El desarrollo de las fuerzas productivas del país viene siendo frenado por las estructuras definidas por la combinación del estatismo socialista (preeminente al menos desde 1952) con los modos feudales remanentes de la colonia española, orientado al saqueo de la producción nacional por medio del uso del poder político. El sistema que nos mantiene estancados en el pasado y la pobreza, frenando nuestras posibilidades de salir a la modernidad y al desarrollo. El que tiene postergado al país entre lo último de lo último, a la marginalidad entre los marginales, con casi el 30% de la población emigrada al exterior en busca del empleo y el respeto que el país no le es capaz de dar. 

Hablamos del problema fundamental cuya solución el país no atina a encontrar en casi dos siglos de vida republicana. Efecto de una búsqueda lastrada por la ignorancia de nuestras élites y su alegre apego cuasi religioso a ideologías grotescas, como las colectivistas.

Un problema estructural que exige un cambio también estructural. Esto es un cambio contrapuesto al rumbo que para nuestra desgracia tomamos ya después de la Guerra del Chaco (1932-35), poniendo al estado y a los políticos como actores principales de la economía en procura del desarrollo. Afán en el que frustramos al país.

Por estas razones es que el PSL propone llevar la economía del país hacia el sistema de libre mercado e inversión privada, nacional y extranjera. El sistema que ha llevado a países de todos los continentes y razas hacia el desarrollo y la prosperidad, a partir de la experiencia de Inglaterra, asumiendo el modo de producción capitalista. Una realidad tan evidente, que no existe en el mundo país alguno que habiendo asumido el libre mercado y la empresa privada no haya avanzado hacia el desarrollo y la riqueza sostenibles. Mientras que los socialistas no puede mostrar experiencia alguna de país en el planeta que haya encontrado el desarrollo en condiciones de sostenibilidad poniendo la economía bajo el control del estado.

La economía boliviana no podrá desarrollar por sí sola. Ni la China, siendo un país mucho más grande pudo hacerlo, por lo que desde 1978 abrió su economía a la empresa privada nacional y extranjera. Porque fueron y son empresas transnacionales de los EEUU, Japón, Alemania, Hong Kong… las que, llevando sus capitales y tecnología a ese país, dieron lugar al vertiginoso desarrollo que en pocas décadas permitieron sacar de la pobreza a más de 600 millones de personas y convertir al estado chino en una potencia industrial y tecnológica de alcance global, al punto de disputarle hoy primacías a los mismos EEUU.

Insistir  en que el estado y la empresa estatal sean los actores principales del desarrollo constituye un error fatal. No podemos cerrarnos en una estrategia en la que hemos fracasado generación tras generación, para seguir siendo hoy el país más pobre y atrasado de Sudamérica. ¿Qué razón habría para insistir con el socialismo sabiendo bien que este sistema es ruta segura de frustración? Ninguna… Salvo la mezquindad de los intereses creados entre las élites políticas acostumbradas a medrar del Estado, o la borrachera ideológica que parece aún afectar a buena parte del liderazgo político e intelectual del país.

Los izquierdistas devotos de Marx deberían plantearse cuestiones como las siguientes. ¿Hizo bien la China en privatizar sus empresas estatales y entregarlas al capital de las empresas transnacionales extranjeras? Si la respuesta es sí, como es justo y corresponde a la realidad, ¿por qué extraña razón Bolivia no podría hacer lo mismo?

En la campaña electoral del MAS se pone de relieve el crecimiento de la economía del país en los años de su gobierno. Lo cierto es que el PIB creció en esta temporada a un promedio alrededor del 5%, mayor al registrado en la época “neoliberal”, 3,8%. Diferencia a favor del gobierno socialista que se explica por el espectacular e inédito ascenso de los precios de nuestros principales productos de exportación. Lo que trajo ingresos cinco veces mayores para el Estado que en los años “neoliberales”. Una etapa que la propaganda hace ver como de hegemonía del mercado y la empresa privada, lo que en los hechos no se dio –una rápida contrastación entre la política de los gobiernos “neoliberales” y lo aconsejado por el Consenso de Washington nos hará ver cuán poco han seguido sus recomendaciones–. Sin embargo, aun concediendo que los años de mandato de Evo Morales y su “socialismo comunitario”  hubieran dado lugar a una fase de gran crecimiento económico, no se debe perder de vista que la economía venezolana, bajo el “socialismo del siglo XXI” llego a niveles de crecimiento mucho mayores (el 2004 hasta el 17,9% del PIB) y por varios años. Fue así, hasta que en 2014 la economía de este país empezó a desplomarse, acumulando en 5 años una pérdida cercana al 50% de su producción, arrastrando a la pobreza al 90% de su población.

¿Cómo ocurrió esto, por qué el desastre? Antes que en el talento o la estupidez, la mala o buena fe, de sus gobernantes la explicación está en el modo de producción que pone la economía en manos del poder político, en la empresa estatal que reemplaza la empresa privada y en el gobierno como administrador y rector de la economía del país. Esto es, en la economía socialista (fracasada en todos los escenarios del mundo). El modelo que en época de auge por los altos precios del petróleo le permitió al gobierno de Venezuela redistribuir la riqueza a manos llenas entre las masas (para ganar su apoyo) impulsando el crecimiento del PIB espectacularmente, no fue acompañado por el desarrollo de la capacidad productiva del sistema económico. Capacidad productiva que antes y por el contrario retrocedió –su empresa estatal del petróleo, PDVSA, producía 3,6 millones de barriles de petróleo por día, hoy produce sólo poco más de la cuarta parte–. Razón por la que la economía del país petrolero se derrumba en cuanto empieza a decaer el precio del petróleo y a escasear los ingresos, peor aún por el impacto del saqueo sistemático al que es sometida la economía del estado por medio de la corrupción en el gobierno.

Y este es el mismo modelo de economía que el gobierno del MAS viene aplicando desde el 2006 –el “socialismo del siglo XXI”–. Por lo que su evolución y futuro no pueden ser distintos, salvo en matices. Venezuela tuvo catorce años de prosperidad, para luego caerse. Bolivia lleva trece años similares, aunque no creciendo en los niveles alcanzados por Venezuela. Ni en Venezuela ni en Bolivia el socialismo ha generado un real desarrollo de la capacidad productiva (la única garantía de la prosperidad económica) –salvo el sector privado, grande y pequeño, incluido el sector ligado al narcotráfico, que crece a pesar del ambiente socialista–. Lo que hace previsible una siguiente fase de decadencia de la economía del país, mayor aún por el creciente saqueo del estado por obra de la corrupción y la consiguiente indolencia de las autoridades en medio de una mezquindad y arbitrariedad cuasi institucionalizadas a partir de la conducta de Evo Morales y García Linera.

Es más, sería la tradicional dinámica comercial de la población boliviana (aymara, quechua y mestiza) y su acelerado y masivo ingreso a la actividad empresarial, la que estaría dando cuenta de que el potencial de la economía nacional está muy por encima de la tasa de crecimiento del PIB del que hace alarde el masismo. Potencial que no se plasma en la realidad por el perjuicio que significa el gobierno socialista empeñado en estatizar la economía y poner trabas al libre comercio, a más del desperdicio que domina el gasto y la inversión pública bajo la lógica política y  los afanes de la corrupción.

En las nuevas condiciones derivadas de la aplicación del PSL, el potencial de crecimiento de la economía del país se expresará libremente alcanzando tasas de crecimiento anual en torno al 10% de modo sostenible. No se pierda de vista que la China sostuvo este nivel de crecimiento por décadas apelando al mercado y a la empresa privada (luego de dejar atrás la economía socialista, desde 1978). Y, que Chile con no más que una tibia apertura a la economía de libre mercado alcanzó a crecer hasta en el 12,3% (1993) en el marco de un proceso que puso su ingreso per cápita a la cabeza de Latinoamérica. En tanto que el Perú viene desarrollando su economía sosteniblemente con tasas altas recurrentes, alcanzando hasta el 9,7% del PIB (2008). Por lo que, el régimen socialista del MAS antes que apoyar el desarrollo de la economía boliviana la está perjudicando.

La actual oposición, encarnada en las candidaturas de Carlos Mesa y los Demócratas, no tiene más horizonte programático que la de un socialismo aguado. Quieren lo mismo que el MAS, pero respetando las formalidades de ley y la democracia, al menos en el discurso. Con lo que con su llegada al poder sólo habremos vuelto a los regímenes que por su inoperancia en medio de la pobreza y el atraso dieron ocasión y tema al ascenso del MAS al poder. Hoy no podrían hacer más al arrastrar las mismas limitaciones e irracionalidad de una economía mixta con preeminencia del sector estatal en el marco del tradicional uso del poder político como instrumento de saqueo por vía de la corrupción. Circunstancia en la que, para desgracia del país, sólo habremos dado una vuelta en el mismo lugar.

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WRV.

La Paz, 26 de febrero del 2019

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