El estado no es una empresa. Ni podría serlo –Comentando un informe de Milenio sobre la economía del país–

Por Walter Reynaga Vásquez…

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Hace unos días (La Paz, 28-08-19) estuvimos  en la exposición de un
representante de la Fundación Milenio referida a la situación económica del país y sus perspectivas. Fue una disertación técnica amplia y exhaustiva de lo que habitualmente se enfoca al exponer un cuadro situacional de la economía de un país. Exposición que fue redondeada en cuanto a sus perspectivas por el presidente de la fundación Pazos Kanki, Samuel Doria Medina.

Lo notable y anecdótico se dio luego de la exposición central y el
comentario referido, en que la invitación a tomar la palabra hecha al público concurrente por el director de la Fundación Pazos Kanki no encontró eco entre los aludidos –como 100 personas, seguramente en su mayor parte economistas y entendidos en la materia–. Tanto fue así que nadie se dio a tomar la palabra. Circunstancia en la que la reiterada invitación, que ya parecía súplica, inspiró a parte del público a mentar al doctor Juan Antonio Morales. El que así, orillado a actuar, tuvo que tomar la palabra y decir un par de cosas.

¿Qué fue lo que paso? El tema y el momento hacían prever una pugna entre los asistentes por tomar la palabra y expresar su verdad… Pero, no fue así. Muchas cosas se pueden especular en torno al incidente. Sin embargo dos cosas parecen seguras, los especialistas se vieron sin nada qué decir ante la pintura del preocupante cuadro de la economía boliviana en tiempos de socialismo del siglo XXI, o, no quisieron hacerlo.

Nosotros estuvimos tentados de aprovechar el momento y decir algo, pero nos venció la timidez y la cosa quedó ahí. Qué pudimos haber dicho. Pues sólo tres detalles, dos preguntas ingenuas y un comentario no tan ingenuo.

I.

¿Cuánto gravitan los afanes de la corrupción en el gobierno y la
administración del estado boliviano en la calidad del gasto corriente, la
inversión pública y su incidencia en el PIB? Del asunto refiere un informe que abarca a los países de la región:

<<Una estimación moderada del costo de la ineficiencia que suma
excesos en las compras gubernamentales (incluyendo pérdidas por causa de la corrupción y por demoras), junto a una abultada nómina salarial en el sector público y las transferencias que no llegan al sector indicado de la población, da como resultado pérdidas por 4,4 por ciento del PIB, o unos US$220.000 millones (un 16 por ciento del gasto total). Ese monto sería suficiente para eliminar la pobreza extrema en la región. Chile y Perú tienen la mejor calidad de gasto, con costos de ineficiencias que llegan al 1,8 y 2,5 por ciento del PIB, respectivamente.>> (BID: “Gasto público
registra ineficiencias del 4,4% del PIB: estudio BID
”, 24-09-18).

Informe que da idea del nada despreciable impacto de la corrupción en la
economía del país. Mal que ciertamente ha venido creciendo bajo el régimen de Evo Morales. Motivos por los que hubiese sido oportuno que el estudio de Milenio lo abordara. La situación de la economía del estado boliviano no puede ser indiferente a este mal, menos aún si se tiene en cuenta que el PGE consolidado comparado con el PIB viene por encima del 70% durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo.

II.

¿Sería conveniente someter a auditoría independiente, no a cargo de la
Contraloría, el PGE para establecer la pertinencia del gasto y la inversión, en procura de ver qué y cuánto es realmente necesario y útil?

En Bolivia, el Presupuesto General del Estado (PGE) se administra como cosa privada, no porque lo permitan las leyes, sino de facto y contra la ley. El PGE se ha convertido en asunto reservado, sólo para iniciados, para la burocracia especializada y sus jefes políticos. Un escenario que para el pueblo está prohibido de hecho. Al punto de que ni los parlamentarios, que por ley están puestos para a pedir y recibir informes del Ejecutivo, logran ver realmente lo que ahí sucede. Lo que da fe de la situación de privatización de facto del  estado boliviano por obra de sus mismas autoridades pasando por encima de la Constitución Política del Estado y los principios morales que fundan su existencia y ser.

Sin duda, que tener un informe de auditoría independiente del manejo el PGE sería una gran cosa. Imagínense leyendo las maravillas de irracionalidad y abuso desatados dando cuenta del estado boliviano degradado a la condición de instrumento hecho y puesto para el mezquino beneficio de las élites gobernantes.

III.

Tampoco se animaron a comentar el por qué del recurrente transitar de la
economía del país entre fases de bonanza y profundos periodos de crisis, dando como resultado la economía más pobre y atrasada de la región sudamericana. Aunque Doria Medina menciono algo al referir que enfocaba la situación del estado como se enfoca una empresa.

Ciertamente una manera de enfocar y entender el estado (como empresa) muy común sino habitual entre los economistas que del asunto se ocupan. Lo que hacen sin advertir que el estado no es ni puede ser una empresa (ni una familia…) por ser una entidad social de naturaleza distinta.

Así es, el estado no es ni puede ser una empresa. Condición que se pone en
evidencia al ser visto a contraluz de lo que es una empresa privada, la entidad surgida naturalmente de los afanes de las personas en procura de alcanzar objetivos concretos.

  1. El estado no es una empresa, porque sus dueños, los ciudadanos, no pueden ejercer su derecho propietario y regir el curso y actividades de la empresa-estado. Ni tomar conocimiento efectivo del desempeño de sus gerentes (los gobernantes), contando con auditorías de gestión como hacen los dueños de la empresa privada. Y esto que vale para el estado vale también para cada una de las empresas públicas. Por lo que los circunstanciales administradores de la empresa-estado, los gobiernos, pueden hacer lo que mejor venga a sus intereses y gana, incluso contra los intereses de los dueños de la empresa. Lo que no podría darse en una empresa privada, salvo error o extraordinaria deficiente situación.
  2. Los capitales de una empresa privada son aportados por sus socios
    voluntariamente. Los capitales del estado son aportados por el pueblo
    involuntariamente. Los impuestos son impuestos y no “opcionales” (como dice el economista libertario Carlos Rodríguez Braun). Mientras que el patrimonio estatal, que primigeniamente es patrimonio del pueblo, de la sociedad civil,  es simplemente tomado por fuerza (mayormente por fuerza militar), por los fundadores de los estados. Patrimonio en el que se incluye a la población, a las personas asumidas como propiedad del estado, al punto de que los gobernantes asumen derechos de vida y muerte sobre ellas. Tal como se pone en evidencia en al llamamiento a sostener guerra. Una realidad que se nos impone a las personas mucho antes de que estemos en condiciones de ser consultados y solicitada nuestra aprobación.
    Cosa que no podría darse ni tener lugar en una empresa.
  3. La empresa-estado es de todos, eso dice la ley y el principio moral, y en tal condición le cabe esto de “Propiedad de todos propiedad de nadie,
    responsabilidad de todos responsabilidad de nadie”. Un escenario
    predispuesto al abuso donde el que mayor poder tiene lo hará valer bajo sus puntos de vista e intereses. Y los más poderosos son sin duda los gobernantes. La democracia pone algunos límites al libre albedrío de las autoridades, pero no mucho y ni siquiera lo suficiente, tal como explican las tesis de la Public Choice Theory, en contraposición con eso de “la voz del pueblo es la voz de Dios”.
  4. El interés público carece de la fortaleza del interés individual. Lo
    demuestra la universalidad de la corrupción en los gobiernos y la
    administración pública, así como  la mezquindad con la que habitualmente asumen sus funciones los líderes sociales, cosa por demás evidente en nuestro país. El socialismo, a partir de la URSS, confirma lo dicho, por la conversión de partido revolucionario en grupo oligárquico a despecho de la ideología, las leyes, el discurso colectivista y la entrega a los objetivos revolucionarios.
  5. Condiciones que desembocan en síntesis, en tendencias estructurales a la enajenación del estado por y en provecho de las élites capaces de tomar el poder. Lo que explica la escasa razón y pertinencia de hacer del gobierno el actor principal de la economía y demiurgo de su desarrollo. Un afán que sin embargo sostenemos los bolivianos desde hace como siete décadas, desde la Revolución Nacional (1952), con los resultados de haber labrado no más que un país pobre y atrasado en una región también atrasada y pobre, además de plagado de frustraciones históricas y conflictos sociales y políticos diarios. Algo que deberíamos sopesar, siquiera haciéndole caso a Albert
    Einstein: “Si quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo”.
    Criterio del que nuestros líderes parecen no haber tomado cuenta, ni los oficialistas ni los opositores (al menos los principales).  En cuyos
    programas se exponen de cuerpo entero como estatistas, unos inspirados en Marx y derivaciones, y otros en el keynesianismo, la socialdemocracia, el “estado de bienestar”, el suma qamaña, el comunitarismo… Todos afanes colectivistas. Condiciones en las que el país no puede esperar otra cosa que más de lo mismo: frustración atraso, pobreza… por muy bien intencionados y capaces que sean sus mandatarios.

 

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