El Estado Boliviano no puede ser el negocio privado de sus gobernantes, la auditoría externa independiente es una necesidad imperiosa

Por Walter Reynaga Vásquez…

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Ni la Contraloría ni el Parlamento ejercen una real función de control sobre las actividades del gobierno y la administración pública. Menos ahora, bajo régimen socialista, con el Legislativo, la Contraloría y el sistema judicial bajo control absoluto del partido en el poder.

Un par de Diputados de la oposición ha denunciado que Carlos Mesa hubiera recibido dineros del Estado en una cifra millonaria. Y este, junto a otras personas ha puesto en claro que a él no recibió tales dineros y menos en calidad de salario. Por lo que no se le puede atribuir el haber sacado beneficio personal de los recursos dispuestos para financiar sus actividades como “vocero oficial de la demanda marítima”.

De esta denuncia y sus derivaciones con tintes de escándalo, se puede entender que tanto los diputados opositores denunciantes como Carlos Mesa han entrado en una trifulca que astutamente les ha armado el partido de gobierno. Los diputados acusan a Mesa y este devuelve el golpe planteando un juicio penal por difamación contra sus denunciantes. Una pelea de la que el único beneficiario es el MAS y sus candidatos. La astucia de los conductores del “socialismo del siglo XXI”, queda así demostrada una vez más, manipulando a los diputados como al candidato opositor Carlos Mesa. El mismo que pudiendo salir bien librado de la acusación, termina de enlodarse en la misma al recurrir a la justicia corrupta del MAS para castigar a sus difamadores, también opositores.

Bien, pero este es sólo un detalle que pone en evidencia el hecho de que los asuntos del Estado en Bolivia se manejan como asunto privado y personal de sus principales autoridades. Como cosa y negocio exclusivo del Presidente y su entorno palaciego. Pero nada nuevo, vista la tradicional forma de usar el poder político en el país, aunque sí exacerbado como nunca antes bajo el régimen socialista encabezado por Evo Morales. Efecto del modelo socialista empeñado en instalar la dictadura pasando por encima de la Constitución Política del Estado.

Lo que no es poca cosa, pues hablamos del problema estructural que determina el rumbo del gobierno y la administración del Estado al subordinarlos a los intereses particulares de los gobernantes.

¿Se puede superar este problema, que a diferencia de otros países en Bolivia adquiere dimensiones definitivas sobrecargada por la herencia colonial, que instituye la idea de que el cargo público está hecho y puesto para beneficio de la autoridad?

Auditoría externa sobre el gobierno y la administración pública

El Programa Social Libertario propone la instauración por ley constitucional de la auditoría externa anual sobre las empresas estatales y las principales oficinas del gobierno y la administración pública. Auditorías encargadas a firmas auditoras de alcance internacional contratadas por medio de licitación pública internacional, a cargo del poder legislativo.

La auditoría, el recurso técnico que racionaliza la administración de la empresa privada y es fundamento de su éxito al permitirles a sus dueños efectivo control sobre los actos de sus administradores, bien puede servir para que el pueblo boliviano, dueño legítimo del estado, controle los actos de las personas a las que ha confiado el gobierno y la administración del mismo. Los gobernantes no son dueños del estado como de hecho se las dan.

Control Popular Sobre el Gobierno (CPSG)

Implica reemplazar el actual sistema de control social establecido por el gobierno socialista el 05 de febrero del 2013 por “Ley Nº 341 de Participación y Control Social”. Instrumento legal que orienta y limita la función del control social sobre el gobierno y la administración pública al mero derecho de información y reclamo, además de establecer como sus únicos agentes o actores a los representantes de las organizaciones sociales colectivas.

A diferencia, el CPSG tiene por agentes o actores a cualquier ciudadano que voluntariamente quiera asumirlo, sin el requisito de ser representante de organización o colectivo alguno. Porque los hechos han demostrado que los representantes sociales encargados del control social hacen uso de sus potestades para sacar beneficio personal socapando hechos de corrupción y hasta protagonizándolos. Cosa que pueden hacer ante la imposibilidad de sus bases sociales de hacer seguimiento sostenido de sus actividades y afanes, y en el marco de la referida cultura de uso del poder para beneficio dee la autoridad. Con lo que la corrupción antes que ser combatida ha resultado siendo fomentada.

En contraposición, el sistema de control social propuesto por el Programa Social Libertario, alcanza el nivel de una auditoría, rebasando el nivel de mero acceso a la información oficial. La que en los hechos se reduce a lo que quiera dar a conocer el gobierno, ocultando lo que pudiera perjudicarlo. De donde resulta que antes que ir contra la corrupción, los informes oficiales sirven para engañar a la ciudadanía y socapar a los corruptos.

La combinación de estos dos mecanismos constituirá un verdadero y efectivo sistema de control social sobre el gobierno y la administración pública y las empresas del estado, por estar adecuada a las limitaciones y potencialidades concretas del país, anulando las deficiencias del actual sistema.

Con lo que se abrirá la posibilidad de contar con gobiernos efectivamente interesados en servir al país. Además de generar un ambiente de rescate de la degradada imagen de los políticos, al trabajar estos en un ambiente de transparencia y exposición a la mirada pública. Es más, nuestro sistema de control social abrirá también la posibilidad de que las empresas públicas, hoy verdaderos botines de saqueo, sean administradas con un mínimo de racionalidad.

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