Dos en uno. En América Latina parecen existir dos sistemas de organización gubernamental paralelos en una dialéctica perversa

 

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Por WALTER REYNAGA V.—

 

Por un lado, tenemos un sistema de organización oficial, legal y visible en función de la administración del estado y, por el otro, está uno invisible, ilegal y espurio dedicado al negocio de la corrupción. Y ambos trabajando con casi el mismo personal de autoridades y funcionarios.

Lo más impactante y grotesco. Que el sistema espurio tiene condición hegemónica, determinando incluso la funcionalidad del sistema oficial.

Una realidad que tiende a confinar las funciones oficiales de gobierno y administración pública a la marginalidad en la atención y tiempo que le deben las autoridades. Mientras privilegia el trabajo destinado a los afanes de la corrupción.

De este modo, en los estados latinoamericanos estaría primando la razón de la corrupción suplantando la razón de estado. El afán de enriquecimiento de la autoridad aprovechando los recursos públicos, por encima de la razón oficial de gobierno: servir los intereses del país.

Dos institucionalidades. Una independiente y otra dependiente. La independiente, la del gobierno espurio, establecida y consolidada por una práctica de siglos, desde los tiempos del colonialismo feudal español, hoy cristalizada ya en cultura. Y la otra, la dependiente, la oficial, la correspondiente a la ley, todavía en proceso de establecimiento.

 

¿Qué puede resultar de esto?

Que uno de los componentes básicos de la sociedad organizada, el sistema político y de gobierno, antes que cumplir un rol a favor de la sociedad conspira contra ella. Lo que daña severamente a los otros componente del sistema social, la economía, etc.

De donde resulta que los pueblos latinoamericanos estarían arrastrando un lastre definitivo, que los mantiene en la pobreza, el atraso y la conflictividad política y social, frenando sus potencialidades de desarrollo y convivencia social. Una rémora, el gobierno espurio, que aumenta su potencialidad de daño conforme los estados asumen políticas económicas intervencionistas y más aún cuando nacionalizan empresas, crean empresas estatales, manipulan al mercado… asumiendo formas propias de la economía socialista de cuño marxista.

Lo que no es poca cosa ante la posición hegemónica que las ideologías socialistas han alcanzado a lo largo del siglo XX y en lo que va del presente en Latinoamérica.

 

En Bolivia

Este mal que afecta a toda la región, lo hace en diverso grado según los países involucrados. En Bolivia, de modo determinante, imponiendo condiciones fundamentales desde la fundación  de la República (1825), y más aún desde la Revolución Nacional (1952). Que desde entonces los bolivianos vivimos en cuasi socialismo. Lo que explica los altos niveles de la corrupción en el país así como sus mayores índices de pobreza y atraso en la región.

El marxismo ha jugado en todo esto, a despecho de sus afanes revolucionarios, un papel reaccionario y perverso al apuntalar y generar condiciones favorables para la supervivencia del sistema de saqueo de la época colonial. Práctica ahora sostenida por la corrupción en los aparatos de gobierno.

De estas realidades da cuenta el artículo de Hana Fischer que traemos a colación:

El elefante invisible de la corrupción en América Latina: la intervención económica estatal

Pasemos ahora a mencionar los principales nexos entre corrupción y mercados interferidos por las autoridades:

1) La existencia de empresas de propiedad estatal -principalmente si son monopólicas- otorgan infinitas oportunidades de utilizar los recursos públicos en forma indebida. Lo peor de todo son las petroleras. El reciente escándalo en Brasil relacionado con Petrobras, constituye prueba de ello.

2) Ídem ocurre con la existencia de bancos estatales. Ellos no solo se utilizan para “impulsar” a ciertos empresarios amigos, sino también para mantenerse en el poder mediante la reelección (con todos los privilegios, prebendas, suculentos sueldos y demás  emolumentos que ese cargo apareja).

La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, fue uno de los tantos gobernantes que pululan por ahí, que hizo un uso incorrecto de los bancos estatales. Precisamente, esa fue la causa de su destitución.

Como se recordará, la exmandataria fue acusada de realizar “pedaladas fiscales”, que significa la utilización de fondos de bancos públicos para cubrir sus obligaciones. La clara intención -con miras a obtener su reelección en las elecciones de 2014- fue exhibir de modo fraudulento un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, de lo que correspondía a la realidad. Esa práctica está expresamente vedada por la ley de Responsabilidad Fiscal brasilera, justamente, por ser una forma de engaño a la ciudadanía.

3) Cada vez que las autoridades exigen una licencia o permiso para operar en determinadas áreas, cuando los trámites son muy engorrosos e insumen mucho tiempo, aumenta la tentación de realizar prácticas ilícitas. Si a eso le agregamos poca transparencia en el accionar de las diferentes reparticiones estatales, correlativamente, mayor es el grado de corrupción.

4) La existencia de mercados “protegidos”, también son campo orégano para la descomposición de la ética pública. ¿Por qué? Porque ellos se convertirán en “cotos de caza” para empresarios inescrupulosos, que buscarán que los gobernantes les otorguen a su favor monopolios u oligopolios.

Dentro de mercados libres no hay lugar para la corrupción, por el simple hecho de que no hay modo de que las autoridades puedan beneficiar arbitrariamente –“retribución” mediante- a ningún grupo económico o persona individual.

5) Un Estado hipertrofiado, con muchos ministerios, empresas y reparticiones estatales, es caldo de cultivo para un amplio rango de corruptelas: dilapidación de los dineros públicos, robos o despilfarro en el uso de los materiales de trabajo, contratar gente innecesaria y / o poco competente, etc.

En casi toda nuestra América, en estos momentos se están conociendo casos de brutal corrupción. En consecuencia, la población está cada vez más indignada y lo manifiesta de diferentes modos.

Lo paradójico es, que al mismo tiempo que repudian ese tipo de conducta, aplauden la intervención estatal en la economía. Por tanto, el problema continuará sin visos de solución, mientras la gente no comprenda cabalmente cuál es el sustrato que alimenta la inmoralidad de nuestras autoridades y algunos empresarios.

Lord Acton señala que “el poder corrompe”. La conjunción del poder político con el económico, incrementa exponencialmente el de las autoridades. Por consiguiente, en el mismo grado  aumentará la corrupción.

Fuente: PanamPost