Despelote por las pensiones en los colegios privados… Problemas de un mercado intervenido

Por Walter Reynaga V…

Fraudes y estafas | MyCreditUnion.gov

En el libre mercado los tratos entre partes son voluntarios y los precios como otros aspectos de la compraventa se acuerdan cuando ambas partes quedan conformes. Esto es, cuando cada una de las partes estima estar sacando beneficio, de otro modo no hay acuerdo. Pero, esta no es esta modalidad que rige el mercado de la educación en Bolivia, sino, la intervención del gobierno determinando precios y condiciones del servicio.

De ahí el conflicto social y político, que los masistas viene atizando con entusiasmo. La pulseta y hasta el enfrentamiento entre las partes, con el gobierno en condición de “mediador”. Un escenario donde quien presiona más, hace más alboroto, consigue más aliados políticos o logra meter coima a las autoridades saldrá ganando. Todo un ámbito de competencia perversa entre los representantes de las familias y el sindicato de los colegios privados.

Son problemas que no se dan en el libre mercado. Tal como es fácil advertir en los escenarios diarios de la actividad comercial donde no interviene el estado. Como en las gigantes ferias de la ciudad de El Alto donde millones de operaciones de compraventa se dan en paz, dando provecho a ambas partes, al comprador como al vendedor. Circunstancia que entre nuestra gente suele ser refrendada con un “gracias” de ida y vuelta.

Pero es más, porque en la tradición del uso del poder político en Bolivia, como algo puesto para beneficio de la autoridad, no son raros los casos en los que la intermediación de la autoridad, en negociaciones como estas terminen beneficiando a una de las partes en desmedro de la otra. Extremo en el que suelen pesar conveniencias y acuerdos político partidarios, cuando no coimas que terminan en los bolsillos de las autoridades y hasta de los representantes de las partes.

Y no sería extraño que el cuadro de rebaja de pensiones determinado por el Ministerio de Educación estuviera definido por este tipo de factores. Porque el tope del 28% de rebaja de pensiones va en desmedro de los padres de familia como a favor de las empresas educativas. Los padres de familia y autoridades del legislativo venían hablando de una rebaja entre el 30 y 50 porciento.

¿Por qué razón la economía de las familias tendría que subvencionar la economía de estas empresas y su personal docente? Más aún cuando, como efecto de la pandemia, las empresas educativas no han cumplido con la prestación del servicio a la que están obligadas por contratos con los padres de familia.

En las condiciones habituales de la compraventa, en el mercado, cuando una de las partes no cumple con el acuerdo, la otra parte queda liberada de la obligación correspondiente. Quien no entrega la mercancía pierde el derecho al pago, y quien no paga pierde el derecho a exigir la entrega del bien o servicio. Y esto es lo justo y racional. Cualidades que pone en evidencia la prosperidad típica de la moderna economía de mercado.

No es ese el caso de nuestro país, que viene desde siempre con sus mercados definitivamente intervenidos por el estado. Como este de la educación, intervenido no sólo en la determinación de los precios, sino también en aspectos de la calidad del servicio, sus plazos, contenidos… Y peor aún, por la imposición de condiciones que dificultan la entrada de nuevas empresas educativas al mercado, generando un escenario oligopólico a favor de los empresarios ya instalados, proclive a ser manipulado por el poder político, como contrario a la economía de las familias.

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